La economía colombiana está peligrosamente anestesiada. Como un paciente que sonríe bajo los efectos de la morfina mientras la enfermedad avanza por dentro, el país parece estable, pero en realidad camina hacia una recaída inevitable. El Gobierno, en su afán populista y electorero, insiste en que la economía va bien, mostrando cifras mediocres como si fueran trofeos. Pero detrás de esa fachada hay una bomba de tiempo, una estructura frágil y desequilibrada que tarde o temprano le estallará al próximo gobierno.
El motor de corto plazo es el consumo. El gasto de las familias sostiene buena parte del crecimiento, pero no se financia en productividad sino en dólares que llegan del exterior y en el endeudamiento del Estado. Las remesas alcanzaron cifras récord, un alivio enorme para millones de hogares, pero son ingresos que no multiplican capacidad productiva y dependen de la suerte laboral de colombianos que viven en otras latitudes. El narcotráfico, por su parte, mueve más dólares que sectores legales enteros, inyectando liquidez en la economía mientras corroe las instituciones.
La inversión, en cambio, está en mínimos históricos. Se ha reducido al punto de que hoy representa apenas una fracción del PIB, un nivel insuficiente para sostener empleo de calidad y crecimiento de largo plazo. Sin inversión no hay innovación, no hay productividad y no hay confianza en el futuro. Nadie arriesga su capital en un país donde las reglas cambian al vaivén de intereses políticos, donde la seguridad se deteriora y donde la narrativa oficial desprecia al empresario como si fuera un enemigo. Así, el capital prefiere esperar o irse a otros destinos más estables. Ningún país progresa a punta de gasto corriente sin sembrar capital.
En el frente fiscal, la situación es aún más preocupante. El Estado gasta mucho más de lo que recauda, el déficit sigue siendo elevado y la deuda pública ya supera 60% del PIB. Buena parte del presupuesto se consume en un aumento sin precedentes de la burocracia y en subsidios que se esfuman antes de llegar a sus beneficiarios. La caja está exhausta y el margen de maniobra se acabó. Un aumento en las tasas internacionales o una depreciación brusca bastarían para encarecer la deuda y detonar la crisis. La estrategia del actual Gobierno ha sido prolongar la anestesia: gastar más, endeudarse más y aplazar el ajuste. Pero la anestesia nunca dura para siempre.
El próximo presidente no tendrá la opción de decidir si aprieta el freno. Tendrá que hacerlo. La única pregunta es si lo hará con responsabilidad, explicando al país que el ajuste es necesario, o si esperará a que la crisis lo obligue a improvisar entre las llamas. Frenar el gasto público no es un capricho ideológico, es una necesidad aritmética. Y ese ajuste solo funcionará si se acompaña de un giro hacia la inversión productiva, de reglas claras y de un entorno en el que los empresarios sientan que vale la pena arriesgarse en Colombia.
El populismo ha convencido a muchos de que gastar es un derecho y ajustar es un castigo. Pero no hay bienestar sostenible a punta de gasto público y de dólares de la coca. La prosperidad se construye con trabajo, ahorro, inversión y libertad económica. La economía colombiana está anestesiada, sí, pero la anestesia se acaba. Cuando eso ocurra, el país necesitará liderazgo, pericia y coraje. El próximo gobierno heredará la bomba, y de su capacidad dependerá si logra desactivarla con pinzas o si nos explota en la cara.