En el estado en que están las finanzas del Estado, cumplir las promesas de campaña, durante el primer año de gobierno, es un atentado fiscal. En campaña se compite con poesía demagógica y se gana repitiendo lo que la gente quiere escuchar. Al gobernar se choca de frente contra la fría aritmética de la escasez. El presidente entrante recibirá este viernes la peor herencia fiscal de nuestra historia reciente. El margen de maniobra es cero. Garantizar la seguridad, rescatar un sistema de salud al borde del colapso y evitar un apagón energético son los tres incendios estructurales que deben ocupar la totalidad de sus primeros cien días.
Sin embargo, todos los políticos tienen la amenaza de sucumbir a la trampa del populismo. Sus electores no votaron por austeridad. Escuché hace poco un pódcast de sus seguidores y lo que esperan de él son soluciones casi puerta a puerta a los problemas de los colombianos. Lo mismo se vio en los empalmes territoriales, donde se prometieron terminar obras, conseguir recursos para las regiones, y el pasado domingo anunció que subirá el subsidio del adulto mayor a $400.000, que es una promesa deseable, pero, al menos el primer año, si actúan responsablemente, será imposible.
A los colombianos se les ha enseñado a creer en la falacia de que los recursos del Estado son infinitos. Pero la carga moral debe invertirse: no hay nada más antisocial que aplazar el ajuste. Los costos de la tijera fiscal son inmediatos y visibles, mientras que sus beneficios -la estabilidad y la crisis que no ocurre- son invisibles y nadie los agradece. Si el gobierno no gasta su capital político en explicar con franqueza la verdad, terminará pagando la factura con inflación y pérdida de gobernabilidad. La ventana de oportunidad es extremadamente corta.
La historia tiene ejemplos de gobiernos que han logrado ajustar la economía sin destruirse a sí mismos apelando al coraje de la pedagogía económica. En 1987, Charles Haughey salvó a Irlanda recortando de raíz el gasto público, reduciendo impuestos a la nómina y desmantelando la burocracia estatal. Roger Douglas, en 1984, en Nueva Zelanda, a través de las reformas conocidas como Rogernomics, desmanteló de tajo los subsidios agrícolas y las barreras proteccionistas, explicándole al país con franqueza que la única salida real era el mercado libre. Y Javier Milei aplicó un shock de austeridad y recorte estatal drástico bajo la premisa irrenunciable de que el Estado no produce riqueza. Logró sostener el respaldo popular porque gastó su capital político inicial en diagnosticar con crudeza antes de que la realidad hiciera el trabajo sucio. Todos estos casos demuestran que el respaldo ciudadano no se obtiene prometiendo lo imposible en tiempos de escasez, sino diciendo siempre la verdad.
En los primeros cien días un gobierno no tiene resultados tangibles que mostrar; lo único que puede construir es credibilidad. Y la credibilidad no se edifica cumpliendo promesas irresponsables de campaña, sino teniendo la firmeza moral de comunicar qué de lo prometido no se puede hacer, por qué razón y cuándo sí. El verdadero peligro para el mandato de Abelardo de la Espriella no es el costo político de recortar el Estado hoy. El riesgo real es que, por miedo a perder popularidad o por complacer a la barra brava electoral, aplace la tijera unos meses y termine tratando de hacer el ajuste cuando ya sea demasiado tarde.