Imagínese una casa inundándose con la llave abierta. Adentro llevan décadas discutiendo sobre los baldes: que el balde grande lo cargue el vecino rico, que hay baldes privilegiados que no cargan agua, que lo justo es redistribuir los baldes. Nadie mira la llave. Esa casa es el debate fiscal colombiano, y ante el inmenso problema en que estamos, vuelve a circular entre los políticos, especialmente en el Congreso, el argumento favorito: “el ajuste no se hace recortando gasto, porque eso sería recortar derechos, sino revisando las distorsiones del estatuto tributario, porque hay sectores con exenciones injustificadas y ahí está la plata”. Suena sensato. Tiene tres problemas: uno histórico, uno aritmético y uno filosófico.
El histórico. Desde 1990, Colombia ha aprobado 22 reformas tributarias, casi una por legislatura, y casi todas prometieron lo mismo: cerrar privilegios, ampliar bases, corregir distorsiones. Funcionaron: los ingresos del Gobierno Nacional pasaron de 8,9% del PIB a 16,4%, y en términos reales el Estado recauda hoy seis veces lo que recaudaba en 1990. Pero el gasto pasó de 9,6% a 22,8% del PIB: siete veces más. Cada peso nuevo de recaudo fue gastado con un peso adicional encima, y por eso llevamos treinta años consecutivos de déficit, sin un solo superávit desde mediados de los noventa. Cerrar exenciones no es una idea nueva: sería la reforma número veintitrés.
El aritmético. El déficit reconocido para 2026 es de 8,2% del PIB, el peor de nuestra historia. En Libertank tomamos los estados financieros de las 10.000 empresas más grandes del país, reportados a Supersociedades, y los comparamos con el presupuesto. Si el Estado confiscara 100% de sus utilidades anuales -hasta el último peso-, financiaría dos meses y medio de su propio gasto. Por cada $3 que venden esas empresas en un año, el Estado gasta $1. No hay exención, ni sector, ni “ricos” suficientes para pagar este Estado. Quien crea que semejante hueco se tapa por el ingreso no ha hecho la cuenta.
El filosófico. En Colombia, toda necesidad y todo deseo se convierten automáticamente en derecho, sin que nadie pregunte quién lo paga. El gobierno lo promete, el Congreso lo reglamenta sin apropiar la plata, el juez lo ordena sin responsabilidad presupuestal, y el ciudadano lo exige convencido de que la plata del Estado cae del cielo. Cuatro eslabones y ninguna factura. La palabra “derecho” vuelve intocable cada partida y convierte cada pregunta por su costo en una agresión. Pero un “derecho” financiado con déficit lo pagarán, con impuestos e intereses, ciudadanos que no han nacido y no votaron esa ley. Eso no es garantizar derechos: es tributación sin representación. Los derechos de verdad no se pierden cerrando la llave: se salvan, porque el primer incumplidor de derechos es un Estado quebrado.
Creo que hay que eliminar todas las exenciones de impuestos. Creo en acabar los privilegios y garantizar la igualdad ante la ley para bajarle la tarifa de renta a todos: una tarifa plana que recaudaría más cobrando menos. Pero eso no sirve de nada si el Estado sigue gastando a máxima velocidad. Todo deterioro fiscal tiene como causa el exceso de gasto; toda mejora, su contención. Cuando una casa se inunda, se puede seguir discutiendo el diseño de los baldes. O se puede cerrar la llave. Llevamos 36 años discutiendo baldes y el agua ya va por el cuello.