Colombia se enfrenta hoy a un peligro existencial que trasciende las simples diferencias programáticas entre candidatos. Como muchos colombianos que valoran la libertad, votaré por cualquiera que tenga la capacidad real de derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Cepeda representa una versión de Petro con esteroides; no solo comparte la esencia de sus ideas colectivistas, sino que las conoce con mayor rigor intelectual y las impulsa desde un resentimiento que ha sido el motor de su vida política. Para quienes defendemos la libertad, la democracia, la propiedad privada, la libre empresa y el individuo, sacarlo del poder es una máxima de supervivencia frente a un modelo estatista radical que busca la sumisión total del ciudadano.
Habiendo dicho esto, resulta lamentable la miopía de la actual oposición. Ninguno de los candidatos parece capaz de ofrecer una visión verdaderamente alternativa que rompa con la idolatría al Estado. Esta ha sido la constante de los últimos gobiernos en nuestro país: insistir en la idea de un aparato estatal gigantesco e intrusivo, supuestamente responsable de solucionar la vida de la gente. Sus propuestas terminan siendo una feria de subsidios e intervención que se confunde con el discurso del gobierno actual. Ese camino del Estado benefactor no es otra cosa que lo que Carlos Alberto Montaner definía como “socialismo vegetariano”: una socialdemocracia tibia que nos mantiene cómodamente instalados en la mediocridad. En lugar de diferenciarse, la oposición ofrece una versión light de lo mismo, cayendo en el error de creer que los colombianos solo son receptivos a versiones suavizadas del socialismo.
Mientras otros países de la región lograron reducciones drásticas de la pobreza, Colombia se estancó en un ritmo de progreso social vergonzoso. Solo basta comparar la reducción de la pobreza extrema en las últimas décadas: mientras Chile y Uruguay lo hicieron a tasas superiores a 10% anual, Colombia apenas alcanzó un mediocre 1,08%. Esta mediocridad es la consecuencia directa de haber comprado la tesis de que el político es el redentor de los más pobres. Es una visión que parte de un profundo irrespeto por la dignidad humana, pues trata a los ciudadanos como niños desvalidos e incapaces de progresar por su propia cuenta. Al fomentar la dependencia del asistencialismo, no solo se compran votos, sino que se destruye la agencia individual y el sentido de responsabilidad. Lo que el país necesita no es un “papá Estado” que reparte migajas, sino una verdadera “igualdad de permiso” que nos permita a todos trabajar y salir adelante sin las cadenas de una regulación asfixiante.
El costo de esta feria de subsidios e intervencionismo es inmenso y moralmente cuestionable. Cada peso que el Estado gasta en su ineficiente labor social es un peso que le arrebata, mediante impuestos confiscatorios, a las empresas y a los individuos más productivos. Son ellos los únicos capaces de generar riqueza real mediante la innovación y la cooperación voluntaria que el mercado permite. Cuando castigamos al exitoso lo que hacemos es destruir los empleos y los servicios que mejorarían la vida de los colombianos más vulnerables.
La oposición debe despertar y dejar de ofrecer versiones “light” del mismo estatismo que nos está hundiendo. Colombia no necesita un socialismo con mejores modales, sino una apuesta radical por la libertad económica y la propiedad privada.