Mauricio lleva 12 años vendiendo insumos de construcción en Barranquilla. Paga puntual. Declara todo. Tiene contador, revisor fiscal y un archivador lleno de facturas impecables. En marzo, uno de sus clientes más grandes le quedó mal: le debía cuarenta millones y simplemente no pagó. El IVA de esa venta venció.

Mauricio no tenía el dinero porque nunca lo recibió, pero la Dian no entiende de realidades económicas, solo de caja ajena. Multa, intereses de usura y proceso sancionatorio. Doce años de formalidad y el Estado lo trata como a un delincuente por una plata que ni siquiera es suya.
Ahora mire al otro lado de la calle. Piense en alias “Pitufo”.

Según reveló Noticias Caracol, este individuo es el zar del contrabando en Colombia. Opera desde La Guajira. Mueve electrodomésticos, cigarrillos y gasolina. Billones de pesos al año cruzando fronteras sin pagar un solo peso de arancel ni de IVA. Destruye empresas, corrompe autoridades y financia estructuras criminales. ¿Qué hizo el gobierno de Gustavo Petro frente a esto? No lo persiguió. Lo invitó a negociar bajo la sombrilla cómplice y perversa de la “Paz Total”.

Esto no es un error burocrático ni una falla en la política pública. Es una declaración de principios. Frédéric Bastiat lo advirtió en el siglo XIX: el Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de los demás.

Mientras a Mauricio le embargan las cuentas por un IVA fantasma, el señor Pitufo toma tinto y tiene línea directa con los funcionarios que deberían estar persiguiéndolo. La señal que manda este gobierno es brutal: la ilegalidad tiene un retorno altísimo; la formalidad es un suicidio.

El mensaje para los jóvenes y los emprendedores es desolador: ¿para qué madrugar, innovar y asumir riesgos si el Estado te va a exprimir fiscalmente para luego sentarse a negociar con tu verdugo comercial? Estamos ante un sistema que penaliza la virtud y premia el saqueo.

El contrabando no es un delito “sin víctimas”. Son entre $15 y $20 billones al año que distorsionan el mercado. Es el almacén de electrodomésticos en Medellín que tiene que cerrar porque es imposible competir contra precios que no incluyen impuestos. Es la fábrica textil en Itagüí que despide a cincuenta madres cabeza de familia porque la mercancía que entró por la trocha aniquiló sus márgenes.

Quienes se llenan la boca hablando de “justicia social” son los mismos que, al tolerar el crimen, le arrebatan a los más vulnerables su derecho a ganarse la vida. Destruyen lo que Deirdre McCloskey llama la “igualdad de permiso”: ese derecho innegociable a intentar, competir y prosperar sin que el Estado o sus socios delincuenciales te bloqueen el paso. El contrabando es la guillotina del trabajador honesto.

Un Estado que aplica las reglas de forma selectiva no administra justicia, ejerce poder arbitrario. Y en nuestro país, ese poder arbitrario tiene una dirección muy clara: aplastar al que cumple y arrodillarse ante el que tiene músculo criminal.

El Estado colombiano perdió cualquier autoridad moral. Se convirtió en el matón del barrio que extorsiona al panadero mientras se asocia con el ladrón. Generar riqueza hoy en Colombia es un acto de rebeldía, porque, para este sistema perverso, el verdadero delito no es contrabandear, robar o destruir. El único crimen que el Estado no perdona es tener la osadía de trabajar honestamente.