El debate público actual padece una alarmante superficialidad. Todos los días, diversos políticos utilizan la palabra “fascismo” con tanta ligereza que la han convertido en un epíteto vacío, ignorando por completo su verdadera naturaleza ontológica. Desde la izquierda radical hasta la izquierda supuestamente moderada, han decidido tildar, sin mayor vergüenza, de “fascista” a todo aquel que defienda el capitalismo, el Estado de derecho y la democracia liberal; es decir, a todo el que defienda la libertad.

Bien vale la pena darles una clase básica de historia de las ideas y de economía política: el fascismo y el socialismo no son polos opuestos, sino hermanos carnales que compiten por el control del mismo aparato coercitivo estatal. Son dos caras de una misma moneda. Tanto el fascista como el socialista comparten un desprecio visceral por el individuo. Para ambos, el ciudadano no es un fin en sí mismo, sino una pieza sacrificable en el altar de una entidad colectiva superior: “el Estado” o “el pueblo”.

Benito Mussolini repetía: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Una máxima que, en la práctica, resulta inquietantemente similar a la retórica que hoy repiten líderes como Gustavo Petro o Iván Cepeda. Es profundamente irónico que se intente tildar de “facho” a quienes defienden la libertad económica, cuando el verdadero fascismo se manifiesta en la pretensión de que el Estado sea el director supremo de la vida ciudadana.

Si entramos a analizar, por ejemplo, las propuestas de Iván Cepeda, vemos que promete “radicalizar” las reformas sociales sin “acabar con el capitalismo”. En sus propias palabras: “No estamos por acabar con el capitalismo… creemos que hay que hacer un capitalismo productivo y eso significa que haya una redistribución”. Aquí es donde la trampa semántica queda al descubierto. El socialismo clásico, de cuño soviético, exige la expropiación de iure (legal) de los medios de producción. El fascismo económico, por el contrario, permite que la propiedad siga formalmente en manos de particulares, pero el Estado la controla de facto, dictando qué producir, a qué precio vender, a quién contratar y qué margen de ganancia está permitido. Bajo este modelo, el empresario deja de ser un servidor soberano de los consumidores para convertirse en un mero administrador al servicio de los caprichos del burócrata. Cuando el político se arroga el derecho de definir qué es “productivo” y cómo debe “redistribuirse” la riqueza, el libre mercado muere y nace el corporativismo de Estado (fascista).

La planificación central que se propone bajo el eufemismo de “capitalismo redistributivo” requiere, inevitablemente, suprimir la libertad de elección del individuo. Sin un sistema de precios libres y sin propiedad privada plena, es matemáticamente imposible la asignación racional de recursos; se destruye la innovación y se asfixia la función empresarial.

Quienes hoy posan de “antifascistas” mientras exigen que el Estado controle los hilos de la economía son, en realidad, los verdaderos herederos del modelo corporativista de los años treinta. Tildan de fascista al libre mercado precisamente para ocultar que su proyecto político es, en esencia, la aplicación rigurosa del fascismo económico: un sistema en el que usted es dueño de su empresa en el papel, pero el burócrata es el verdadero amo de su esfuerzo.