La turbulencia política y social que vive Colombia se ve agravada por la reciente introducción del programa de subsidios “Renta Ciudadana” del gobierno del presidente Petro. Este programa, al igual que muchos otros de su gobierno, parece estar destinado a generar más problemas de los que pretende resolver.

Ignora décadas de aprendizaje de programas sociales anteriores, reintroduce subsidios en especie, especialmente en alimentos a través de ollas comunitarias, y deja por fuera a millones de colombianos en situación de pobreza. Pero lo más grave es que expulsa al sector privado como aliado en este proceso.

La unificación de todos los programas de asistencia social en uno solo podría ser una buena noticia, si se hiciera bien, reduce costos de transacción, puede evitar la corrupción y es más eficiente. Pero el diseño actual del programa parece destinado a generar sobrecostos, escándalos y corrupción.

El gobierno de Petro ha decidido que el Estado será el único operador de las transferencias monetarias directas a los más pobres, que sumarán más de $7 billones al año y llegarán a 3,3 millones de hogares.

Esta decisión ignora la exitosa experiencia del gobierno de Iván Duque, que durante la pandemia logró entregar transferencias monetarias directas en tiempo récord a través del programa “Ingreso Solidario”, y bancarizar a cerca de 3 millones de personas gracias a la colaboración con el sector privado.

La exclusión del sector privado en la entrega de estos subsidios es un error grave. El sector privado, con su tecnología, cobertura y experiencia, podría ser un aliado invaluable en este proceso. En cambio, los subsidios se entregarán a través del Banco Agrario, un banco estatal con limitaciones tecnológicas y de infraestructura, y sin incentivos para prestar un servicio ágil y eficiente.

Ya estamos viendo las consecuencias de esta decisión: largas filas, desesperación, pérdida de tiempo valioso. Para los colombianos más pobres el tiempo perdido son ingresos que dejan de recibir, comida que dejan de dar a sus hijos, un minuto perdido haciendo fila para una familia pobre en Colombia es una tragedia.

El sector privado es más eficiente, rápido y tecnológicamente avanzado que el Estado para hacer transferencias monetarias. Pero el discurso anti-banca privada, anti-empresa y anti-mercado del gobierno, alimentado por una ideología fracasada, parece ser más importante que la eficiencia y el bienestar de los colombianos más pobres. Además, el afán del gobierno por que los ciudadanos más pobres usen el Banco Agrario como su banco principal es preocupante. ¿Por qué no permitir que el sector privado, con su eficiencia y competencia, juegue un papel en este proceso?

Colombia necesita una política social que aproveche las eficiencias del sector privado, que entienda los incentivos de la competencia y que reconozca los problemas de hacerlo todo a través del Estado. Necesitamos un gobierno que aprenda de las lecciones del pasado y que esté dispuesto a trabajar con todos los sectores de la sociedad para mejorar la vida de los colombianos más pobres. Unificar la mayoría de los programas sociales en uno solo puede ser un paso en la dirección correcta, pero solo si se rediseña para incluir al sector privado y se enfoca en la eficiencia y la transparencia. De lo contrario, será solo otro programa social condenado al fracaso.