Hace unos días, en una entrevista, un importante líder de Antioquia afirmó: “cómo en un país con estas injusticias, con estas diferencias, con esta inequidad, con esta violencia, alguien se atreve a decir que necesitamos menos Estado”. Quienes creen en esta tesis confunden la gravedad de un problema con la idoneidad del instrumento elegido para resolverlo. Creer que un problema complejo exige entonces un Estado más grande es como asumir que un paciente en estado crítico necesita una dosis más alta de un medicamento que ha demostrado ser tóxico. Esta tesis incurre en cuatro falacias que desmantelan su argumento.
Primera, la falacia de la capacidad cognoscitiva. El Estado no es un superordenador omnisciente capaz de procesar las infinitas variables de la pobreza, el desempleo o la falta de oportunidades. La información crítica de una sociedad está dispersa en millones de individuos que actúan localmente según sus necesidades, prioridades y acuerdos voluntarios. Expandir la estructura estatal ante una crisis no aumenta la sabiduría del sistema, solo multiplica la escala de su ceguera. Un Estado más grande sofoca las señales orgánicas del mercado que indican dónde se necesitan realmente los recursos.
Segunda, la falacia del árbitro benévolo. El argumento del “Estado necesario” asume ingenuamente que el aparato estatal es un ángel imparcial guiado exclusivamente por el bien común. La realidad es que el Estado es una estructura gestionada por agentes con intereses propios: políticos que buscan votos, burócratas que buscan presupuesto y grupos de presión que buscan privilegio. En un contexto de fragilidad social, un Estado más grande no significa más ayuda para los más pobres, significa un botín más jugoso para algunos.
Tercera, la falacia de lo visible contra lo invisible. Cada peso que el Estado destina a un programa social debió ser extraído previamente de la sociedad productiva mediante impuestos, endeudamiento o emisión monetaria. Se celebra el subsidio que se ve, pero se ignora el empleo que nunca se creó, la empresa que no pudo abrir y el capital que se destruyó para financiar la maquinaria estatal. El desarrollo social no es una cuestión de redistribuir la riqueza existente, sino de crear las condiciones institucionales necesarias para que la riqueza se genere. El Estado no posee recursos propios, su expansión implica drenar el ahorro y la inversión del sector privado, que es precisamente el único motor capaz de generar empleo sostenible y movilidad social ascendente.
Cuarta, la falacia del monopolio de la compasión. La expansión estatal tiene un efecto sofocante sobre el tejido social. Al adjudicarle al Estado el monopolio de la compasión y la solución de las carencias, se erosionan la responsabilidad individual, la filantropía genuina y las redes comunitarias. La ayuda estatal condiciona al ciudadano, transformando al individuo libre e independiente en un cliente dependiente del favor político. Convertir la asistencia en un derecho de extracción burocrática degrada la dignidad del beneficiario y destruye la ética del esfuerzo y la creación de valor.
La magnitud de nuestros problemas sociales no es la justificación para agrandar el Estado, sino la razón para achicarlo. Precisamente porque hay tanta pobreza es por lo que no podemos darnos el lujo de malgastar capital en una burocracia ineficiente, regulaciones asfixiantes y rentas políticas.