Una estafa es una maniobra engañosa diseñada para obtener un beneficio propio perjudicando a otros, bajo una falsa promesa de valor. Es decir, le prometo a otros un beneficio que yo sé que no van a tener y que, por el contrario, les va a producir algún daño. Bajo esta definición, el salario mínimo -y la obsesión política por decretar sus aumentos- no es ninguna conquista social; es, en realidad, uno de los fraudes más sofisticados de nuestro tiempo.

A propósito de la discusión sobre la necesaria suspensión del aumento del salario mínimo, debemos despojar al lenguaje de su carga emocional y devolverlo a su cauce técnico.

El salario no es una dádiva ni un acto de generosidad; es un precio y, como cualquier precio en una economía de mercado, está determinado por la productividad marginal del trabajo y por la interacción entre oferta y demanda. La humanidad lleva 5.000 años intentando desafiar esta realidad mediante controles de precios y el resultado ha sido siempre el mismo: escasez.

Como ya lo advertí en mi columna del pasado 27 de noviembre, esta tragedia tiene raíces oscuras. El salario mínimo nació no para ayudar, sino para excluir. Se diseñó para evitar que minorías que consideraban “indeseables” compitieran por los empleos de los blancos cualificados. El economista Thomas Sowell documenta cómo, en 1948, el desempleo de adolescentes negros en EE.UU. era igual al de los blancos. Fue tras los aumentos del salario mínimo en los 50 que su desempleo se disparó. La ley no eliminó el racismo; eliminó la herramienta del precio que permitía a los discriminados entrar al mercado.

Hoy, la retórica ha cambiado a “justicia social”, pero la mecánica de la exclusión sigue intacta. El salario mínimo actúa como una barrera de entrada, un muro de hormigón armado que separa a la élite laboral (sindicatos y empleados formales) de la inmensa mayoría de colombianos que sobreviven en la informalidad.

Aquí está la estafa: los políticos nos venden el aumento como un acto de bondad, cuando en realidad es una prohibición. Al fijar un salario mínimo alto, el Estado le está diciendo al joven más pobre y sin experiencia, a la madre que busca su primer empleo o al campesino: “Si tu productividad no alcanza para cubrir este monto, tienes prohibido trabajar legalmente”. Se ilegaliza la única herramienta que tiene el pobre para dejar de serlo: su capacidad de ofrecer trabajo a un precio competitivo para ganar experiencia y prosperar.

¿Quiénes ganan con esta estafa? Los sindicatos, que eliminan la competencia de mano de obra más barata; y ganan los políticos populistas, que compran votos presentes con el desempleo futuro. ¿Quién pierde? 56% del país que trabaja en la informalidad y los miles de desempleados para quienes el decreto es una sentencia de exclusión.

Seguir inflando artificialmente el costo de contratación en una economía en donde la mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas y, sobre todo, muy poco productivas, es condenar a los colombianos más pobres al “rebusque” y al hambre.

El verdadero salario mínimo siempre es cero. Esa es la cifra exacta que recibe quien pierde su empleo o quien nunca logra conseguir uno gracias a la “protección” del Estado. Defender el aumento irresponsable del salario mínimo hoy no es sensibilidad social; es complicidad con un sistema de apartheid económico que beneficia a unos pocos a costa de la esperanza de los más pobres. O entendemos esto, o seguiremos aplaudiendo nuestra propia ruina.