No cabe duda de que el petrismo está preparando otro “estallido social” para las elecciones de 2026. El ataque de la semana pasada contra la Andi, usando una guerra a más de 11.000 kilómetros de Colombia como excusa para volver a sembrar terror en las calles, fue una advertencia clarísima de lo que están planeando: reactivar la narrativa antiempresa, antimercado, antiglobalización, antilibertad y, por supuesto, antiprogreso.
Buscan distraer al país de su propio desastre: los escándalos de corrupción, la destrucción del sistema de salud, los estudiantes que dejaron sin acceso a la educación superior, la inseguridad creciente y el control de grandes zonas del territorio por estructuras criminales ahora disfrazadas de “gestores de paz”. A eso súmele la expropiación silenciosa de las pensiones y un largo etcétera que necesitaría una columna aparte.
La amenaza la insinúan sus voceros, la justifican sus influenciadores y la celebran sus aliados internacionales. Es el mismo libreto de siempre: los empresarios serán los culpables, la empresa privada el enemigo y el “pueblo indignado” el instrumento. Lo hemos visto una y otra vez en América Latina: cuando los proyectos socialistas se quedan sin resultados, incendian las calles para mantener vivo el resentimiento.
La gran diferencia es que esta vez nos van a encontrar preparados.
En 2021, el país productivo fue tomado por sorpresa. Muchos empresarios creyeron que el ruido de las barricadas no los alcanzaría, que bastaba con esperar a que pasara. Pero el populismo nunca “pasa”: avanza si nadie lo confronta. Hoy, después de tres años de atropellos, mentiras y persecución al sector privado, Colombia entendió que el silencio no es neutral: es complicidad. Para el socialismo, el empresario libre es una amenaza. Porque quien crea, arriesga y produce no depende del Estado, y el poder teme a quien no depende de él. Por eso necesita subordinarlo. Así opera el socialismo del siglo XXI: reemplaza la autonomía ciudadana por obediencia política, la libertad económica por clientelismo y la iniciativa privada por control estatal. Su objetivo no es redistribuir riqueza, sino redistribuir poder: quitarle independencia al individuo para concentrarla en el gobierno.
Defender a los empresarios, entonces, no es defender intereses: es defender la libertad. La empresa es una de las expresiones más puras de la libertad humana. Es el derecho a crear, a intercambiar, a construir prosperidad con esfuerzo y talento. Un país que castiga al que produce termina premiando al que destruye. Los países que prosperan no son los que demonizan al empresario, sino los que lo respetan y lo dejan prosperar. Son aquellos que entienden que la verdadera justicia está en permitir que todos puedan crear riqueza, no en castigar a quienes ya la crean.
La libertad económica no es un privilegio de los poderosos: es la herramienta más efectiva para que los pobres dejen de serlo.
Y esa es la gran diferencia con 2021: ya no somos un país asustado, sino consciente. Ya no hay vergüenza en defender la empresa, el trabajo y la libertad. Si el populismo intenta otro “estallido”, se encontrará con un muro de contención: una sociedad que entendió que la prosperidad no se conquista con rabia, sino con trabajo. Nos cogieron preparados. Pero sobre todo, nos cogieron despiertos. Colombia va a defender su libertad, su democracia y sus empresas. Porque sin libertad económica no hay progreso, sin propiedad privada no hay dignidad, y sin empresarios no hay país.