A nuestros políticos les encanta llenarse la boca hablando de “soberanía”. Se rasgan las vestiduras frente al imperialismo extranjero cuando les conviene. Pero esa misma soberanía les estorba cuando necesitan importar ideologías para asfixiar a quienes producen riqueza. El Ministerio de Salud está a punto de clavarnos una de las regulaciones más agresivas del mundo contra la industria nacional de alimentos. Y adivine qué: está diseñada e impulsada por una ONG con sede en Nueva York y financiada por Michael Bloomberg.

El caballo de Troya fue la mal llamada “Ley de Comida Chatarra”. Nos vendieron el cuento de que los colombianos somos muy brutos para leer una tabla nutricional y que necesitábamos que el Estado obligara a las empresas a ponerles sellos negros gigantes a sus productos. Al aceptar ese paternalismo inmoral, que trata a los ciudadanos como niños incapaces de asumir la responsabilidad de su propia dieta, le entregamos al Estado un cheque en blanco.

Pero el estatismo nunca duerme. Ahora quieren imponer un sello nuevo: “ADVERTENCIA ULTRAPROCESADO”. Ojo a la trampa, porque aquí está el truco. Este sello no tiene absolutamente nada que ver con nutrición. Usted puede fabricar un alimento con perfil nutricional impecable, cero calorías, pero si lo pasteuriza, lo fortifica o le añade un conservante, va a tener un mega sello. No están castigando la mala alimentación; están penalizando la función empresarial. Están criminalizando el simple hecho de procesar e industrializar la comida. Están atacando el proceso que ha permitido que la comida sea cada vez más abundante y barata.

¿De dónde sale este engendro? Los propios documentos oficiales del Ministerio de Salud se delatan solos. El Análisis de Impacto Normativo (AIN) confiesa que el diseño viene de Vital Strategies, la ONG estadounidense financiada por Bloomberg. Y lo más grave: revela que el objetivo real es crear una “identidad de marca negativa”, es decir, fabricarle al producto una mala fama oficial, decretada desde el Ministerio. Quieren convencerlo a usted de que el empresario que empaca comida y, a través de procesos industriales, la vuelve abundante y barata es el equivalente moral a una tabacalera. 95% de los fabricantes de alimentos en Colombia son microempresas.

El golpe letal no se lo lleva una multinacional con presupuesto para cambiar empaques. El misil va directo contra doña Lucía, que hace tortas en su barrio; contra la cooperativa lechera; contra el joven que innova con un alimento fortificado. El Estado, con su infinita arrogancia, les destruye la empresa y su posibilidad de ofrecerle a los colombianos una variedad real y abundante de alimentos, en un país donde 14,4 millones de personas viven en inseguridad alimentaria.

El Estado levanta una barrera de entrada brutal, asfixiando al pequeño. Están legislando para crear pobreza.

Es una medida tan antitécnica que el propio Invima, organismo del Estado, se abstuvo de avalarla por insuficiencia de evidencia científica. El paternalismo estatal que nos infantiliza es inmoral. Pero usar la salud pública como fachada para librar una cruzada contra el libre mercado, la empresa privada y el crecimiento económico es una aberración que no podemos permitir.

Esto no es política pública. Es ingeniería política con bata de médico.