La tensión en el proceso de empalme entre la administración entrante y la saliente dejó en evidencia un problema que Colombia ha normalizado durante años. El Estado se recibe con reuniones generales e informes de gestión extensos, pero sin una verdadera metodología de verificación independiente. En una transición presidencial ese vacío no es menor, pues de la calidad de la información dependen las decisiones de los primeros días de gobierno y la capacidad de anticipar riesgos jurídicos, fiscales, contractuales y reputacionales.

El modelo tradicional de empalme opera, en muchos casos, a 10.000 pies de altura, pues los delegados de la administración entrante se reúnen con directivos salientes, reciben explicaciones generales sobre estructura, planta y presupuesto, seguidas del informe de gestión previsto en la Ley 951 de 2005, que cumple una función formal importante, pero no constituye una revisión real de riesgos.

En la práctica, ese informe se construye de forma fragmentada. Cada dependencia prepara su parte, la remite a Planeación y esta la integra en un solo documento institucional que suele terminar siendo un texto de cientos o miles de páginas, difícil de leer, difícil de entender y poco útil para identificar contingencias materiales, riesgos ocultos o decisiones críticas.

Existe una asimetría natural de información entre quien sale, que conoce en detalle contratos, litigios y riesgos, y quien recibe, que depende de lo que le revelen; por eso resulta ingenuo esperar que espontáneamente la administración saliente revele información que pueda exponerla o comprometer su responsabilidad.

Colombia debería pasar del empalme formal al Due Diligence de recepción del Estado, dejar de entenderlo como una simple entrega documental y comenzar a verlo como un verdadero proceso de toma de control institucional, con presupuesto, contratos, litigios, pasivos y decisiones pendientes que pueden afectar la administración desde el primer día.

En el sector privado esta lógica es elemental. Antes de cerrar una operación de M&A, el comprador revisa contratos, deudas, litigios, activos, contingencias tributarias y cumplimiento normativo. No lo hace por desconfianza infundada, sino por disciplina empresarial, pues necesita saber exactamente qué recibe y qué riesgos asume antes de tomar el control.

La misma lógica debería aplicarse a la recepción de entidades públicas. Si una empresa privada no se compra a ciegas, tampoco debería recibirse a ciegas un ministerio, una superintendencia o una entidad estatal, con el agravante de que, en el Estado, el riesgo afecta recursos públicos, la continuidad de los servicios y la confianza ciudadana.

Un Due Diligence de recepción pública no busca reemplazar el empalme legal ni desconocer los informes de gestión, sino complementarlos con una capa de revisión independiente y orientada a riesgos, que responda qué se recibe, qué falta, qué riesgos existen, qué decisiones no pueden esperar y qué debe escalarse a los órganos de control.

Su utilidad está en convertir información dispersa en decisiones. Un informe de mil páginas puede cumplir una función formal, pero difícilmente le dice a un ministro entrante dónde están las alertas críticas. El Due Diligence, en cambio, se traduce en mapas de riesgo, semáforos de alertas y planes de acción concretos.

Este enfoque tiene un enorme valor anticorrupción, pues la mala administración o la negligencia grave rara vez aparecen confesadas en un informe de gestión. Un Due Diligence no reemplaza a la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, pero sí permite identificar señales tempranas que ameritan revisión, corrección o traslado institucional. No parte de una lógica de persecución política, sino de administración responsable. No se trata de prejuzgar, paralizar al Estado o producir escándalos, sino de verificar lo que se recibe, priorizar decisiones, construir evidencia y entregar mejores herramientas para administrar mejor desde el primer día.

La coyuntura actual debería servir para elevar el estándar de recepción de entidades públicas en Colombia. En lenguaje de negocios, el mensaje es claro: el país debe pasar de la presentación del vendedor al Due Diligence del comprador, porque gobernar bien empieza por saber exactamente qué se recibe.