El Gobierno Nacional a través de los ministerios de Hacienda y Transporte anunciaron la inversión de $18 billones para el desarrollo de la primera ola del programa de quinta generación de concesiones.

Adicionalmente el Invias tendrá a su cargo del desarrollo de siete programas estratégicos para las regiones con un presupuesto de $17 billones, y a esto se le deben sumar los $63 billones de inversión ya aprobados en planes de desarrollo de municipios y departamentos.

Sin duda que se trata de un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional que reconoce con claridad la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo de la economía colombiana. Sobre todo, porque está demostrado que la inversión de $1 billón en este sector general 28.000 empleos.

Ahora, este esfuerzo destacable del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales para presupuestar recursos para la infraestructura del país, corre el riesgo de quedarse en eso, en esfuerzos y presupuestos.

El Gobierno ya tiene absoluta claridad de cuáles son los problemas que han enfrentado los concesionarios para desarrollar los proyectos existentes y también de cuáles son las soluciones. La experiencia ha sido enorme y ella debe reflejarse en una reforma al marco legal existente que atienda a resolver de una vez por todas los problemas que tienen los concesionarios para desarrollar las obras, que no es otra cosa, que buscar el beneficio común y superior de los colombianos. Se trata entonces de que el Gobierno con voluntad política proceda a tramitar en el legislativo la reforma legal y, así mismo, se expidan los decretos reglamentarios que se requieren.

Pero no solamente los esfuerzos deben estar encaminados a viabilizar los proyectos de la quinta generación. Más importante aún, es terminar las obras de la cuarta generación que se encuentran suspendidas e, incluso, se han hecho inviables como consecuencia de dificultades legales que afectan el desarrollo de las mismas.

En este sentido, es plausible el avance de nueve proyectos de cuarta generación que ya superaron 70% de su ejecución, sobre todo porque hace tres años el promedio de ejecución de la cuarta generación estaba en 16% de las obras.

No obstante se ha avanzado, sí debe lamentarse que 20 proyectos adjudicados hace más de cuatro años estén por debajo de 70% de ejecución. Sobre todo, porque las unidades funcionales que exhiben mayores dificultades para estos proyectos son las que representan el porcentaje de avance de obra que hace falta para completarlos.

De manera que, si no se adoptan las modificaciones legales necesarias, se corre el riesgo de que incluso los proyectos que tienen grandes avances no puedan alcanzar el 100%.

De manera que la prioridad del Gobierno debe estar en sacar adelante los proyectos ya adjudicados de la cuarta generación que son los llamados a producir resultados inmediatos en la economía y en la generación de empleo. Por supuesto que sin abandonar la quinta generación que es el futuro de la infraestructura colombiana y un pilar fundamental del desarrollo económico de Colombia.