¿Qué pasa cuando le dicen que infringió una norma, que ni siquiera sabía que estaba vigente? ¿Qué ocurre cuando necesita hacer un trámite, pero le dicen que le falta cumplir más requisitos de los que usted sabía? En uno y otro caso, el ciudadano queda en el peor de los mundos, ya sea con una investigación por infringir las normas, o con un trámite que no avanza. Si usted no conoce todas las normas que le son aplicables, no es el único con ese problema.

El lado del ciudadano: ¿alguien conoce todas las normas que le son aplicables?

Nadie. En efecto, la Corte Constitucional ha hecho una reflexión valiosa: “puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta” (CConst. C-651/1997).

La razón detrás de esa afirmación es que para un empresario no es fácil conocer y entender a cabalidad todas las normas que debe cumplir para ejecutar su actividad, incluyendo normas laborales, tributarias, societarias, aduaneras, reglamentos técnicos, normas contables, regulación sectorial, entre otros.

El lado del Estado: ¿los funcionarios conocen todas las normas que deben aplicar?

Hay un riesgo real de que no sea así y, por tanto, que los funcionarios incurran en imprecisiones aplicando normas que no son aplicables, o incluso que no se encuentren vigentes.

Por ejemplo, según consta en la Circular Única de Infraestructura y Transporte, “en las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la Superintendencia de Transporte, de forma reiterada se identificó como causa la ‘multiplicidad normativa en el sector transporte y proceso sancionatorio, que conlleva a la desunificación de criterios por parte de los funcionarios de la entidad’. Y como acción, desde hace más de 4 años se había identificado la necesidad de ‘integrar y socializar las actualizaciones del marco normativo en el sector transporte que soporten debidamente los actos administrativos proferidos’”.

¿Qué problemas trae esa situación?

Pues por lo menos 3 problemas. De un lado, la posibilidad de condenas al Estado por no aplicar las normas que debería para un proceso o un trámite. De otro lado, ese ambiente opaco dificulta que los empresarios y ciudadanos puedan cumplir las normas, exponiéndolos a sanciones. Y, lo más grave, se favorecen espacios grises para que, quienes no quieran cumplir la ley, puedan eludirla, siendo un ambiente propicio para la informalidad e ilegalidad.

Entonces, facilitemos el acceso a las normas.

Sabiendo que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplirla, el Estado sí puede desplegar esfuerzos para ayudar a los ciudadanos a entender qué normas les son aplicables. Es por eso que en el sector transporte estamos desplegando todos los esfuerzos para hacer más claro cuáles son las normas que le aplican a los empresarios y ciudadanos. Veamos:

Con mucho esfuerzo, muy pronto el Ministerio de Transporte expedirá la Resolución Única de Tránsito y también la Resolución Única de Transporte Terrestre, brindando claridad para ciudadanos, empresarios y autoridades territoriales sobre cuáles son las regulaciones que están vigentes para todos los temas de nuestro sector. Esto ha costado meses enteros de trabajo, revisando todas las regulaciones expedidas incluso por el entonces Instituto de Tránsito y Transporte – Intra. Posteriormente, el equipo del Ministerio revisó una a una para determinar cuáles artículos estaban derogados de forma expresa o tácita, o habían perdido su fuerza ejecutoria, lo cual implicó un arduo análisis jurídico para dejar solo las normas vigentes en cada compilación.

Lo anterior, se suma a la recientemente expedida Circular Única de Infraestructura y Transporte, la cual le valió el reconocimiento a la Superintendencia de Transporte como la entidad que obtuvo los mejores resultados en el país en la depuración de normas obsoletas en 2020, así como dos reconocimientos más por parte del DNP y la CAF.

Y, si eso fuera poco, nuestro sector es el único relacionado con un servicio público que cuenta con una Superintendencia a la que expresamente le asignaron funciones de Promoción y Prevención sobre sus vigilados, justamente para acompañarlos en un proceso de formalización, de legalidad y de cumplimiento normativo.

Estamos dejando un sector más organizado, más claro, más transparente, en el que se favorezca a los empresarios formales, a los transportadores legales y se facilite la vida a los ciudadanos cuando, en su día a día, deban realizar trámites con en secretarías de tránsito u otras gestiones si