La tasa de usura es el límite legal máximo de intereses que se puede cobrar por cualquier crédito. En Colombia, se ha discutido la propuesta de que se elimine o se flexibilice este tope a los intereses de los productos financieros, y las diferentes implicaciones de esta iniciativa. Entre los argumentos para promover este cambio, hay uno que vale la pena poner sobre la mesa: la relación existente entre suprimir este tope y el impacto que tiene en la llamada rebancarización de aquellas personas que, por alguna razón, fueron aisladas del sistema.

Para los que defendemos el libre mercado; y, para aquellos que somos garantes porque presenciamos cómo los créditos benefician y mejoran la calidad de vida de un sinnúmero de ciudadanos, identificamos las ventajas que podría significar flexibilizar la tasa de interés de usura.

Por ejemplo, en Colombia, el acceso al crédito formal enfrenta retos importantes, según el Reporte de Inclusión Financiera 2023 de la Superintendencia Financiera. Apenas 35,3% de los adultos cuenta con créditos vigentes, con brechas significativas entre las zonas rurales, donde la cobertura alcanza solo 65,6%, y las áreas urbanas, que registran 99,5%.

Estos datos evidencian la necesidad de implementar estrategias para ampliar el acceso al crédito y rebancarizar a quienes han sido excluidos del sistema financiero, garantizando una inclusión equitativa que fomente el desarrollo económico en todas las regiones del país.

Ahora bien, la exclusión financiera limita el acceso a recursos clave, dejando a muchas personas vulnerables a préstamos informales como el “gota a gota”, que perpetúan deuda e inseguridad. Según el Banco de la República, 30 % de los colombianos ha recurrido a estos préstamos, y más de 8.000 personas que tomaron esta alternativa, han sido víctimas de amenazas a través de redes sociales, según la Fiscalía General de la Nación.

Flexibilizar o eliminar el límite a las tasas de usura permitiría ampliar el acceso al crédito para poblaciones vulnerables, al compensar los riesgos con tasas más altas. Esto facilitaría su reintegración al sistema financiero, beneficiando tanto a los individuos como a la economía formal y al sector bancario.

Otros actores defienden la reducción de la tasa de usura, sin eliminarla del todo. Ello implica que los bancos podrían dejar de ofrecer créditos a quienes representan un mayor riesgo o empezar a encarecer otros servicios como los seguros y comisiones. Así se afectan los consumidores limitando el acceso a crédito, y obliga a muchos colombianos a recurrir a prestamistas informales con altos intereses.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2019 y 2021, los préstamos “gota a gota” aumentaron de 13% a 24%, mientras que los préstamos de instituciones financieras formales disminuyeron de 72% a 52%.

Son muchas personas las que pueden estar pasando por dificultades por coyunturas particulares, por lo que, es esencial brindar soluciones legales y formales que ayuden a recuperar las finanzas y apoyen a quienes desean seguir cumpliendo con sus compromisos, a pesar de los desafíos.

La liberalización propuesta debe ir acompañada de una robusta educación financiera, que empodere a los colombianos a tomar decisiones informadas sobre el uso del crédito. Así se minimiza el riesgo de sobreendeudamiento y se fomentan un entorno en el que tanto prestatarios como prestamistas puedan prosperar.

Por ello, la eliminación de la tasa mencionada no solo promovería más acceso a los consumidores excluidos del crédito para volver a integrarse, sino que brindaría opciones más amplias y potencialmente más adaptadas a sus necesidades.