Hace apenas unas semanas, Albania se convirtió en el primer país del mundo en nombrar oficialmente a una ministra generada por inteligencia artificial. Su nombre es Diella, y su rostro es el de una actriz albanesa famosa Anila Bisha, quien firmó un contrato temporal con el Estado para ceder su imagen. Pero más allá del detalle curioso, el nombramiento de Diella ha generado algo mucho más profundo: ha puesto en evidencia que la discusión sobre inteligencia artificial ha dejado de ser un tema corporativo o técnico para convertirse en un asunto de gobernabilidad.

El primer ministro Edi Rama, con una mezcla de ironía y desesperación, explicó su decisión argumentando que Diella “no duerme nunca, no necesita que le paguen, no tiene intereses personales… y tampoco tiene primos”. Su función es clara: auditar licitaciones, revisar contratos públicos y erradicar la corrupción sistémica del Estado albanés. La estrategia indica: que si no podemos confiar en los humanos, debemos digitalizar el poder.

Este giro distópico no es un caso aislado. En Alemania, el gabinete aprobó un ambicioso plan para reducir los costos de la burocracia en un 25% para 2029, usando IA para todo: desde acelerar el procesamiento de visas hasta sintetizar comentarios ciudadanos en los procesos de participación pública. El canciller Friedrich Merz ha enmarcado este programa como parte de la modernización del Estado y la respuesta inevitable a la escasez de personal en el sector público. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, Doge, y la Oficina de Gestión de Personal han lanzado iniciativas similares para automatizar consultas, eliminar redundancias y recortar miles de millones en gastos operativos.

Lo que antes era una promesa de eficiencia digital, ahora es una estrategia de gobierno. Pero no sin consecuencias.

La implementación de inteligencia artificial en la administración estatal plantea un dilema incómodo: ¿puede un algoritmo ejercer poder sin poner en riesgo la democracia? En Albania, varios analistas han advertido que si los datos que alimentan a Diella provienen de sistemas contaminados por corrupción, su desempeño no solo sería ineficaz, sino que podría terminar legitimando la misma podredumbre que intenta erradicar. El algoritmo se vuelve juez, pero con los mismos datos del acusado.

Y los riesgos no se limitan a los sesgos locales. En Alemania, por ejemplo, el uso de modelos o LLM’s (principalmente de origen estadounidense) en las oficinas públicas ha levantado alertas sobre soberanía digital. El reciente acuerdo entre OpenAI y SAP fue recibido con entusiasmo, pero también con preocupación por la creciente dependencia de tecnologías extranjeras.

El filósofo, profesor e investigador de IA Jean-Gabriel Ganascia ha advertido sobre el peligro de delegar la política a “máquinas que dan respuestas correctas”, eliminando el conflicto, el debate y la contradicción: es decir, la democracia misma. Japón, por su parte, ya tiene un partido político emergente con un líder virtual, también IA, cuya función, por ahora, se limita a la gestión interna de recursos. Pero la línea es cada vez más delgada.

Porque una cosa es usar la IA para redactar comunicados o procesar documentos. Otra muy distinta es delegarle el poder legislativo.

Lo importante es que esta tendencia ya entró a los edificios de gobierno. La promesa de Rama de tener un gabinete “100% libre de corrupción” puede ser tentadora. Pero el costo de reemplazar la deliberación humana por el cálculo algorítmico es un riesgo estratégico que no se puede subestimar. Los gobiernos tienen el deber de modernizarse, sí. Pero el verdadero desafío de esta próxima década será construir sistemas de IA que sean transparentes, soberanos y éticos y que a su vez rindan cuentas, igual que cualquier funcionario público.

Porque el futuro del orden sociopolítico global dependerá, no tanto del poder de las máquinas, sino de cómo decidamos ponerlas al servicio del poder.