El drama mediático que envuelve a la red social X (anteriormente conocida como Twitter) en Brasil ha tomado un giro importante. El viernes pasado, se supo que X acordó pagar una multa de más de $28 millones de Reales Brasileños (BRL), aproximadamente US$5,2 millones, para cumplir con las sanciones impuestas por el gobierno y así restablecer sus operaciones en el país. Sin embargo, al día de hoy, la red social permanece inaccesible en todo el territorio nacional, causando indignación entre sus usuarios más leales.

Esta suspensión se remonta a finales de agosto de este año, cuando un juez ordenó el bloqueo inmediato de X en todo el país. La decisión, en principio se debió a la negativa de la empresa a designar un representante legal en Brasil, tal cómo lo exige la ley local.

También se argumenta, que se negó a eliminar contenido que según las autoridades, promovía mensajes de odio y desinformación. Con esto, X se suma a la lista de seis países donde la plataforma está permanentemente bloqueada, una lista que también incluye naciones como China, Turquía e India. ¿Pero, quién está detrás de esta medida?

El responsable de esta acción judicial es Alexandre de Moraes, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Musk no tardó en pronunciarse en su contra, calificándolo como un “absolutista de la libertad de expresión.” Pero Moraes no es nuevo en estos enfrentamientos. Como exministro de Justicia y exfiscal en el Estado de São Paulo, ha ganado una reputación como regulador inagotable de las redes sociales. Moraes, quien ha sido muy critico de la regulación digital, ha dejado claro su enfoque al afirmar: “Lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer en el mundo virtual”, y si bien es polarizante, tiene una vasta autoridad para ordenar la remoción de contenidos a empresas tecnológicas que considere pongan en riesgo a las instituciones en Brasil.

Entonces la pregunta de fondo es: ¿por qué Elon Musk, conocido por su postura desafiante, decide finalmente ceder en Brasil? La respuesta no es difícil de predecir: Brasil es un mercado crucial para X y para los otros negocios de Musk. Con más de 21 millones de usuarios activos, Brasil es el sexto mercado más grande del mundo para esta plataforma, y también es un territorio clave para otras empresas de Musk, como lo son Tesla, Starlink o SpaceX.

A diferencia de los conflictos en India y Turquía, donde X también fue obligado a retirar contenido, el caso de Brasil ha sido especialmente polémico porque Musk se mostró muy crítico hacia los funcionarios brasileños, acusándolos de censura, lo que tensó aún más su relación con las autoridades locales. Sin embargo, la importancia para X, del mercado de la economía más grande de Latinoamérica parece haber pesado más que el conflicto con sus reguladores.

Esta polémica de nuevo nos deja una reflexión sobre la regulación de plataformas y contenidos. Tal como lo vimos el mes pasado con el arresto del CEO de Telegram, Pavel Durov en Francia. Vivimos en una época donde el debate sobre lo que se puede y no se debe publicar en redes sociales está en su punto más álgido.

En un año de comicios en todos los rincones del mundo, y donde las elecciones presidenciales en los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, muchos gobiernos están reevaluando su postura sobre la libertad de expresión en línea. En medio de este contexto, el caso de X en Brasil junto con otros recientes puede ser una señal de lo que se acerca en términos de regulación de contenido en internet y de las responsabilidades que los líderes de estas plataformas tendrán que asumir.

Lo que es claro, es que mientras X permanece bloqueado en Brasil, muchos usuarios han migrado a Threads, la plataforma de Meta que ofrece una experiencia similar. Esto plantea una pregunta crucial: ¿Serán capaces los líderes de las plataformas de equilibrar el control de sus contenidos sin cruzar la línea hacia la censura? Y si no lo logran, ¿Cómo responderán los gobiernos para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos? La tarea no es fácil: deben salvaguardar la democracia, enfrentando la desinformación y los contenidos falsos sin restringir la libertad de expresión.