La llegada de nuevas tecnologías o modelos que rompen esquemas habituales representa un cambio imprescindible para la sociedad. Cabify entró a Colombia en septiembre de 2015 con la intención de mejorar la movilidad, ofreciendo servicios especiales y de calidad a empresas para transportar a sus empleados. Hoy contamos con más de 2.000 compañías como clientes y miles de socios conductores que cuentan con un ingreso digno y trabajo formal. Mensualmente revisamos que cada conductor pague seguridad social y contribuimos a la formalización, eje fundamental del gobierno actual.

Cuando Uber llegó a Colombia en 2013, inició su operación con vehículos de servicio especial y generó una burbuja de inversión, en donde muchos colombianos decidieron participar adquiriendo, desproporcionadamente, cupos y vehículos. En este punto, el Ministerio de Transporte omitió, no solo su función de reglamentar la actividad debidamente, sino también de evitar que el mercado y sus oferentes crecieran sin control. Más adelante Uber decide lanzar UberX, y en esta categoría encuentra un mercado que, a pasos grandes, le fue quitando demanda al negocio de las camionetas blancas.

Cabify llegó en 2015 y encontró una gran cantidad de propietarios y conductores cesantes o trabajando en la informalidad. Aprovechando esa realidad, se constituyó como empresa de transporte, debidamente habilitada, y le ofreció a todos la oportunidad de formalizarse, ofreciendo, exclusivamente, servicios corporativos.

Infortunadamente, el pasado 14 de marzo el Ministerio expidió el decreto 431, que establece, entre otras implicaciones, elevar exageradamente la obligación de cumplir con mínimos de flota propia, atentando contra la libertad de empresa y de asociación. Esto hace que nuestro modelo de negocio sea inviable y que miles de personas pierdan su principal fuente de ingreso. Un retroceso.

La función de la tecnología en las actividades de intermediación, entre un usuario de un servicio y el oferente, es uno de los grandes aportes que la era digital le ha traído a los ciudadanos; poder acceder a un servicio de transporte eficientemente cambió la manera cómo las personas ven el transporte. Hoy somos muchos los actores del sector que no entendemos por qué, después de tres años, no hay una reglamentación clara que privilegie el servicio de la tecnología y le genere mayor bienestar al usuario. Nuestra razón de ser es ayudar a mejorar la movilidad, pero el Ministerio hace imposible que podamos seguir operando con la expedición del decreto 431.

Después de que el Gobierno reglamentara la categoría de transporte de pasajeros de lujo (el decreto lleva un año de haber sido expedido), el sector se encuentra ante una gran incertidumbre. La Corte Constitucional, el 29 de marzo decidió no fallar acerca de las plataformas tecnológicas que intermedian en el servicio de transporte de pasajeros y le dio al Gobierno seis meses para resolver el tema. El Gobierno tiene las herramientas, ojalá haya la voluntad política para acabar con el monopolio oscuro del transporte público y se reglamente este servicio para que todos los jugadores quedemos en igualdad de condiciones.

Nosotros buscamos igualdad de reglas para todos los jugadores, mejorar la movilidad y poder ofrecer un servicio de calidad para que los ciudadanos no necesiten tener vehículo propio. 

Gobierno Nacional: trabajemos en conjunto por el beneficio de la movilidad urbana de nuestras ciudades.