Durante mis años en el Congreso hubo una frase que escuché una y otra vez cada vez que el país enfrentaba dificultades fiscales: “Necesitamos una nueva reforma tributaria”.

El mecanismo casi siempre era el mismo. Aumentar tarifas, crear nuevos impuestos o ampliar la carga sobre quienes ya estaban dentro del sistema formal.

Con el paso de los años, muchos ciudadanos comenzaron a sentir que siempre íbamos detrás de los mismos contribuyentes.

Tal vez sea hora de hacernos una pregunta distinta:

¿Y si el problema no es cuánto cobramos, sino a cuántos les cobramos?

Hoy una persona natural en Colombia enfrenta una tarifa de renta cercana a 30%. A eso se suma un IVA de 19% sobre buena parte de las compras y consumos que realiza durante el desarrollo de su actividad económica.

En términos prácticos, muchos colombianos sienten que, entre renta e IVA, cerca de la mitad del fruto de su trabajo termina convertido en impuestos, sin contar los aportes a salud, pensión y contribuciones parafiscales.
Cuando la carga percibida se acerca a esos niveles aparecen incentivos naturales para escapar de la formalidad.

No es un juicio moral; es economía básica.

La evidencia reciente parece respaldarlo. La última reforma tributaria del gobierno Petro aumentó la carga tributaria esperando mayores ingresos, pero el recaudo terminó creciendo menos de lo esperado y posteriormente comenzó a deteriorarse. Un menor crecimiento económico significó un menor recaudo, mayores necesidades de financiamiento y un incremento del endeudamiento público.

Así se forma un círculo peligroso:

Más impuestos generan menor actividad económica; la menor actividad reduce el recaudo; el menor recaudo aumenta el déficit, y el déficit termina presionando nuevas reformas tributarias.

Es una espiral que Colombia necesita romper.

La solución más inmediata parecería ser reducir el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales. Sin embargo, si ese ajuste se realiza sin medidas que impulsen la formalización y el consumo, también puede desacelerar aún más la economía y profundizar el problema del recaudo.

Por eso necesitamos una reforma tributaria diferente.

Una reforma que alivie la carga sobre quienes siempre pagan y que, al mismo tiempo, amplíe la base tributaria.

Una reforma que premie el comportamiento correcto en lugar de castigar permanentemente a los mismos contribuyentes.

La propuesta es sencilla: convertir el IVA pagado por los ciudadanos en un incentivo para la formalización.

Primer nivel: quienes ya pagan impuesto de renta

Los contribuyentes que hoy declaran renta podrían descontar de su impuesto una parte o la totalidad del IVA efectivamente pagado durante el año. En la práctica, no sería una reducción artificial del recaudo. Serían impuestos que el ciudadano ya pagó y que el Estado simplemente reconoce.

El incentivo cambia completamente.

Hoy muchos ciudadanos piensan:

“Si me ofrecen descuento sin factura, acepto el descuento”.

Con el nuevo sistema pensarían:

“Necesito la factura porque me ayuda a reducir mi impuesto de renta”.

El resultado sería inmediato: más facturación electrónica, más trazabilidad y menos evasión.

Segundo nivel: trabajadores formales que hoy no declaran renta

Existe un enorme grupo de colombianos que trabaja formalmente, paga IVA todos los días, pero no alcanza los ingresos que generan la obligación de declarar renta.

Para ellos podría existir una tarifa simplificada cercana a 15%.

Como el IVA es de 19%, quienes registren sus compras mediante factura electrónica podrían incluso generar un pequeño saldo a favor cercano a 4%.

Por primera vez, millones de colombianos tendrían un incentivo económico directo para exigir factura en cada compra que realizan.

Tercer nivel: hogares beneficiarios de subsidios

Los hogares que reciben ayudas estatales podrían mantener el acceso a los subsidios siempre que una parte de sus compras, por ejemplo 40%, se realice en establecimientos formales y quede registrada mediante factura electrónica.

Esto permitiría que los recursos públicos destinados a combatir la pobreza también contribuyan a fortalecer la formalización de la economía.

El Estado seguiría ayudando a quienes más lo necesitan, pero al mismo tiempo fortalecería la actividad económica formal y la trazabilidad tributaria.

La gran virtud de esta propuesta es que convierte a cada ciudadano en un aliado de la Dian.

Durante décadas intentamos combatir la evasión enviando más funcionarios a buscar facturas. Tal vez exista un camino más inteligente: lograr que sean los propios colombianos quienes las pidan voluntariamente. Porque el contrabando, la evasión y la informalidad no se combaten únicamente con sanciones y controles. También se combaten alineando los incentivos para que cumplir las reglas sea la mejor decisión económica. Los países más exitosos no construyen sistemas tributarios basados exclusivamente en el castigo. Los construyen haciendo que hacer las cosas bien también sea rentable.

Quizás la próxima reforma tributaria no debería preguntarse cuánto más podemos cobrarles a quienes ya pagan. Tal vez debería preguntarse cómo logramos que millones de colombianos quieran entrar voluntariamente a la formalidad.