A diario el país reclama con sentido de urgencia encaminar esfuerzos hacia la recuperación económica y social, y ante este compromiso, el sector de hidrocarburos presenta propuestas como la asignación de nuevos bloques exploratorios, subastar campos menores de producción, reanudar la actividad de perforación de pozos y continuar adelante con el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (Ppii) para la evaluación de los Yacimientos No Convencionales.

Sin embargo, para algunos actores de la vida nacional, existen intereses que sobreponen al beneficio común y se empeñan en interponerse en las actividades que aportan a la reactivación económica del país. Dentro de estas acciones, hay varias demandas ante el Consejo de Estado, que buscan la suspensión de los Ppii, a través de la nulidad de la normativa emitida por el Ministerio de Minas y Energía para su ejecución.

Las asociaciones de profesionales en las diferentes disciplinas del sector están preparadas para brindar apoyo a las instituciones y a la comunidad, para que cuenten con información confiable y puedan tomar decisiones informadas y acertadas, con sustento técnico y científico, que satisfaga el interés de informar y establecer diálogos e intercambios de saberes que edifiquen escenarios virtuosos.

Respetuosos de las decisiones de la justicia, no deja de causar extrañeza el pronunciamiento de la Procuraduría al decir que “existe suficiente evidencia científica que permite verificar que la exploración y explotación de yacimientos no convencionales conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, en especial, respecto del recurso hídrico y la salud pública”, desconociendo los informes de expertos entregados al Consejo de Estado, que con sustento suficiente producto de la práctica y ejercicio diario de las disciplinas en cuestión, presentaron evidencias técnicas y científicas sobre la conveniencia de los Ppii.

Aunque el Consejo de Estado dio por aceptado el Dictamen Pericial elaborado por expertos de las asociaciones, como prueba válida dentro del proceso en el que decide la nulidad de las normas que regulan la exploración de YNC en Colombia, es poco afortunado que este tribunal no haya dado la oportunidad de compartir los conocimientos y experiencias al interior del proceso y con la opinión pública que siguió las audiencias.

Teniendo en cuenta lo anterior, las asociaciones correspondientes deben jugar un papel preponderante como órganos de consulta, porque son los centros del conocimiento y la experiencia que el país requieren como referentes. Por el bien de Colombia debemos buscar entre todos, con base en conceptos técnicos y científicos válidos, un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el futuro económico, en especial en lo referente a la autosuficiencia petrolera y energética.

En esta nueva realidad sería imperdonable repetir las crisis que ha tenido que vivir el país, al verse obligado a importar hidrocarburos costosos, con un impacto negativo sobre la economía. Y también, sería imperdonable desconocer el trabajo juicioso del Gobierno Nacional, que busca mecanismos que garanticen nuestro crecimiento, siendo el desarrollo de los Ppii un paso vital en la evaluación holística del potencial y viabilidad de la producción de estos recursos de hidrocarburos.