A menos de un mes de iniciar el cumplimiento de sus mandatos, los 32 gobernadores electos acaban de formular un compromiso trascendental: incluirán en sus Planes de Desarrollo líneas de acción específicas para proteger la vida e integridad de los líderes sociales y, para ejecutar, dentro de las órbitas de su competencia, los proyectos necesarios para la implementación de la paz.

Lo hicieron ante representantes de la comunidad internacional y a instancias de un convenio liderado por la Procuraduría General de la Nación y por la Federación Nacional de Departamentos, la entidad que representa los intereses de las regiones. Su expresión de voluntad se produce en medio de la coyuntura generada por el Gobierno Nacional al habilitar los canales para la Gran Conversación Nacional.

Los nuevos mandatarios están de acuerdo con el procurador Fernando Carrillo en que, hoy en día, los desafíos planteados por la búsqueda de la paz territorial tienen una connotación especial, pues en esta época de posconflicto surgen actores nuevos y se enervan, incluso, ciertos riesgos para las víctimas que aguardan, legítimamente y con esperanza, una acción protectora del Estado.

El compromiso asumido por los nuevos gobernadores para proteger la vida e integridad de los líderes sociales genera desde ya expectativas favorables en el cuerpo diplomático y en los Círculos de la Justicia Especial para la Paz, que ponderan la importancia de que en la agenda de trabajo de las regiones se priorice este gran pacto por la vida y por el cumplimiento de las metas esenciales para el país, como la erradicación de los cultivos ilícitos.

Un elemento fundamental para este desarrollo, será la consolidación de los 171 municipios cobijados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021, asignó $37,1 billones al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, de los cuales $10,4 billones están reservados para el Pacto por la Construcción de la Paz. El concurso de los departamentos, con el sustento técnico de sus Planes de Desarrollo, permitirá de seguro una mayor eficiencia en su manejo.

La elaboración de la hoja de ruta para la consolidación de la paz territorial nos permite esperar con optimismo, que las políticas públicas de atención integral a víctimas y de restitución de tierras, que durante los últimos siete años han demandado recursos por $96,6 billones, se vean potenciadas en cuanto a su ejecución. Los nuevos gobernadores, especialmente, aquellos de los departamentos más pequeños y de menores recursos, ya cuentan con nuevos y valiosos instrumentos para formular sus planes de desarrollo.

Los planes departamentales de desarrollo deben estar listos en mayo próximo, y tendrán un monitoreo y acompañamiento constante, particularmente, en los aspectos derivados del Convenio por la Vida.

Quiero destacar, en particular, la Cartilla 2020, elaborada por iniciativa conjunta de la presidenta de Findeter, Sandra Gómez, y de la Federación Nacional de Departamentos. El instrumento se denomina “Pacto 2020” y representa una guía especializada para los nuevos mandatarios asimilen en el Plan Nacional de Desarrollo y lo instrumentalicen dentro de sus territorios.

Con el liderazgo del Gobierno Nacional, de los gobernadores y con la ampliación del espectro de la participación ciudadana, este nuevo proceso de construcción colectiva llegará a buen puerto y honrará la condición de la paz como derecho colectivo.