Las perspectivas sobre la recuperación del país frente a los efectos generados por la pandemia no deben ser exclusivamente de carácter económico. Los indicadores sobre su evolución tampoco han de ceñirse a parámetros estrictamente financieros, sino que deben tener un componente social relacionado con los derechos sustanciales de la sociedad y con las necesidades de aquellos sectores particularmente vulnerables por efectos de la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Conscientes de esa necesidad, los gobiernos territoriales, con el respaldo técnico de la Federación Nacional de Departamentos, consiguieron en su momento que fueran pospuestos los plazos legales para la presentación de sus Planes de Desarrollo para ajustarlos a las nuevas y apremiantes realidades.

La defensa de los Derechos Humanos es, bajo este enfoque, un activo esencial. Los nuevos planes de desarrollo incluirán estrategias y políticas claras, con vocación de permanencia en el tiempo -como lo exige toda política de Estado- para la protección de los líderes sociales cuyas voces han venido siendo acalladas por sectores empeñados en que regresemos a las épocas del oscurantismo.

Esas cartas de navegación regional se han ido acoplando con las necesidades de las regiones beneficiarias de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que han se han ido consolidando gracias al esfuerzos sostenidos del Gobierno Nacional.

El mensaje y la intención son claros: Colombia, país de regiones, debe actuar desde su núcleo administrativo territorial con el compromiso claro de dar cabal cumplimiento a sus políticas internas, a convenios internacionales sobre materialización de los derechos de comunidades en riesgo como los pueblos indígenas, los campesinos de zonas que han sido meridianos de la violencia, el pueblo Rrom y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

Su tratamiento como población focalizada no podría ser puramente teórico. La materialización de sus derechos pasa por el respeto de la integridad, la vida y las libertades de aquellos que se han erigido en los voceros legítimos de sus derechos. Ni el desplazamiento ni la muerte pueden su destino común. Es una responsabilidad colectiva evitarlo.

La agenda de los Derechos Humanos, como activo clave para la recuperación, debe incluir la protección de garantías asociadas a la libertad y a la dignidad del ser humano. La Federación Nacional de Departamentos se convirtió en aliado estratégico de un Pacto Nacional por la Lucha contra la Trata de Personas, impulsado desde el Ministerio del Interior.

Tanto el Ejecutivo, como el Congreso de la República y los mandatarios regionales todos, han cobrado mayor conciencia sobre la necesidad de luchar contra un delito de carácter transfronterizo, cuya expansión desafía la voluntad mundial plasmada la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, suscrita en Palermo (Italia) en 2000. Como bien lo dijo en su momento Kofi A. Annan, durante el acto de ratificación del Protocolo contra la Trata de Personas, esta práctica representa la antítesis de lo que consideramos “civil” y un bloqueo para el progreso de la humanidad.

Es necesario ampliar el espectro de las libertades públicas que, pese a estar consagradas en nuestro ordenamiento constitucional, no siempre son respetadas. Bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, de su ministra del Interior, Alicia Arango Olmos y del presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Juan Guillermo Zuluaga, en julio cobró vida el Pacto Departamental para promover la garantía y el goce efectivo del ejercicio del derecho a la Libertad Religiosa”.

No en vano en el país existen hoy 8.120 entidades religiosas inscritas en el Registro Público del Ministerio del Interior y recientemente el Gobierno suscribió un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que permitirá caracterizar 1.250 entidades religiosas en los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Risaralda y Norte de Santander y analizar sus aportes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Esta visión panorámica afianza la idea de que la vigencia, el respeto y la evolución en la comprensión de los Derechos Humanos representan activos fundamentales para la recuperación integral del país durante la ya próxima etapa de la post pandemia.