En esta época de contingencia el país hace un ensayo renovado por adoptar la educación virtual con todos sus atributos: aprendizaje a distancia, pero en tiempo real, apoyado por instrumentos tecnológicos que hacen más expedito el acceso al conocimiento.

Más que ideal, es necesario que así sea. Alcanzar ese objetivo y conseguir que la educación se masifique por vía tecnológica requiere de un país interconectado, con acceso fácil a la internet y con un desarrollo que ponga las plataformas necesarias al alcance de todos. No dudo de que seremos capaces de alcanzar ese objetivo en un futuro próximo.

Sin embargo, estos días se prestan también para reflexionar sobre las necesidades más apremiantes de la educación real, urgida de una mejor infraestructura física en todos sus niveles.

Pocos días antes de la declaratoria de la emergencia actual tuve oportunidad de hablar con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en un encuentro nacional de funcionarios de gobiernos regionales convocado por la Federación Nacional de Departamentos. Quisiera rescatar, para la reflexión, un tema de fondo que fue tratado en ese escenario: el esfuerzo conjunto del gobierno nacional y de las administraciones territoriales han venido desplegando para rescatar valiosos proyectos de infraestructura en sus distintos niveles.

Es necesario precisar que hay dos grandes frentes de trabajo que encabezan las prioridades. Por un lado, el proceso de depuración del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie) ha permitido reorientan y darle un mayor impulso a la ejecución de valiosos proyectos de infraestructura escolar. Por el otro, gracias al sacrificio hecho por las entidades territoriales de aportar un billón de pesos por las regalías, se abre una mejor perspectiva para las obras que necesitan las instituciones educativas superiores.

La ministra planteaba en el certamen al que me refiero que la crisis del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), que en agosto de 2018 llegaba a su nivel más crítico, se ponía de manifiesto en el hecho de que los $3,5 billones que eran administrados por el organismo, más del 80% se concentraban en un par de contratistas. Los departamentos veían entonces cómo se frustraban sus proyectos más importantes en ese frente.

El panorama entonces no era el mejor. En los contratos de construcción de 12.421 aulas el promedio de avance era solo del 30%. De hecho, el 46% estaba en fase de construcción con un promedio de avance de solo el 22,87 por ciento. De 533 proyectos emprendidos, solo 40 habían sido terminados. La transparencia estaba sensiblemente porque el 63% de los proyectos contratados estaban en manos de dos contratistas.

Sin embargo, gracias a una oportuna decisión del gobierno del presidente Iván Duque Márquez las medidas para corregir la situación no tardaron en llegar. La Junta Administradora del Ffie aprobó la creación de una cuenta de contingencias para contar, entre otros propósitos, con los recursos necesarias para terminar las obras, previo ajuste de los presupuestos a los precios del mercado. En buen momento se inició también, como lo propusieron los gobiernos departamentales, una evaluación de desempeño de los contratistas para acelerar los procesos de terminación anticipada de los contratos y fue creado un nuevo modelo de seguimiento para identificar objetivamente la ejecución de las obras asignadas a nuevos operadores.

Con criterios claros, previamente había sido aprobada la cesión de 65 contratos en los departamentos de Santander, Amazonas y Tolima, lo que permitió la reactivación de las obras. Entre agosto de 2018 y enero del presente año habían sido terminados 156 proyectos.

Al cierre de 2019, el Ministerio de Educación, con el decidido apoyo de la Federación Nacional de Departamentos y el Departamento Nacional de Planeación, acompañó 60 proyectos por valor de $669.000 millones de 28 departamentos, a través de 124 mesas técnicas de trabajo.

En el ámbito de la infraestructura para las Instituciones de Educación Superior (IES) también hay lugar para el optimismo razonable porque ya tienen luz verde 22 proyectos de inversión por $229.932 millones en 16 IES de 14 departamentos. Al cierre de la vigencia ya estaba aprobado el 33 por ciento del valor total de las iniciativas presentadas.

Cuando el país vuelva a la normalidad comenzarán a materializarse 27 iniciativas por valor de $319.354 millones en 15 departamentos. Vale recordar que a 31 de diciembre del año pasado el valor de los proyectos aprobados para 2020 -sin el impacto de la pandemia, por supuesto- se aproximaba a los $550.000 millones.

Todo esto demuestra que la decisión política y la acción ejecutiva del Presidente de la República, su ministra de Educación, en trabajo coordinado con las regiones a través de la FND, ha rendido frutos valiosos. Hay, insisto, espacio entonces para el optimismo razonable, mientras que las puertas para la reflexión sobre el tema siguen abiertas.