Un estudio del Banco Mundial calculó, de octubre del año pasado, que 60% de la propiedad rural en Colombia es informal y calificó el hecho palmario como anormal en un país de renta media y como in inquietante indicador de desigualdad en el acceso a predios productivos.

Ese diagnóstico interpela la conciencia la conciencia nacional porque significa que más de la mitad de nuestro territorio no está en capacidad de generar riqueza. También, que los tenedores de los predios no están en condiciones de generar proyectos productivos bajo la protección indispensable del Estado.

Es por eso que la Federación Nacional de Departamentos, con el respaldo de los gobernadores, está impulsando convenios con la Agencia Nacional de Tierras, con el Ministerio de Agricultura, con la Superintendencia de Notariado y con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para liderar juntos una gran movilización por la formalización y la titularización de predios.

Durante su primera Cumbre Nacional que deliberó en Cartagena, los mandatarios departamentales tuvieron la oportunidad de plantearle al presidente Duque -con una muy buena acogida de su parte- que no se trata tan solo de ordenar jurídicamente documentos de tradición, sino de liberar posibilidades económicas de progreso que permanecen enterradas en medio de la informalidad.

Debemos comprender la necesidad de que esos bienes se vuelvan activos con vocación de generar riqueza e ingresos en beneficio de nuestras regiones, es decir, que se vuelvan capital e impulsen el progreso de las familias y el desarrollo de sus entornos.

Necesitamos volver esos bienes parte del circuito económico, de manera tal que puedan apalancar la creatividad, la capacidad de trabajo y el emprendimiento, como incentivos a las personas en capacidad de crear valor y progreso.

Los tenedores de predios informales no tienen la posibilidad de participar en un sistema ampliado de mercado en beneficio de ellos y de toda la sociedad. Así es muy difícil progresar y atraer el desarrollo por el que tanto luchamos a diario. Los países exitosos han construido un sistema que convierte los activos de la gente en capital, que a su vez genera nueva riqueza, y construye progreso individual y colectivo.

Eso es lo que nosotros debemos propiciar en nuestros territorios. El mundo está lleno de ejemplos de la rentabilidad de acciones como estas. A principios del siglo pasado, Suiza era el país más pobre de Occidente y en menos de 20 años transformó sus derechos de propiedad, desató el ímpetu productivo de los nuevos propietarios y se transformó en una nación desarrollada y poderosa.

Algo similar sucedió con Japón y con los tigres asiáticos. Vamos a trabajar en este sentido porque sabemos de lo que son capaces nuestros pueblos cuando se les da el estimulo económico apropiado.

El Presidente Duque conoce bien el tema porque hizo parte de la iniciativa Oportunidades para las Mayorías que el BID impulsó con el propósito de incorporar al circuito económico a los millones de ciudadanos que están en la informalidad. Estas acciones deben estar acompañadas por esfuerzos como el que está desplegando el Jefe del Estado para sacar adelante la actualización catastral, que de paso afectará positivamente el recaudo territorial.

No está de más recordar que la formalización de la propiedad de la tierra es un elemento que contribuye a la consolidación de la política de paz con legalidad. Ya hay avances importantes en este campo. Destaco, de manera muy particular, la aprobación del documento Conpes 3958 de 2019 y la consecución de un préstamo del Banco Mundial por US$100 millones para estructurar un sistema catastral multipropósito, que fortalecerá la seguridad en la tenencia y facilitará el acceso a la información predial.