El Plan Nacional de Desarrollo (PND) que será sancionado el 25 de mayo por presidente Iván Duque, merece ser considerado un hito en la historia de las siempre complejas relaciones Nación-Región. Su carácter obedece a que, por primera vez, una carta de navegación cuatrienal logra zafarse de la camisa de fuerza del centralismo y reconocerle entidad propia a las regiones.

A su amparo será serán adoptadas soluciones prácticas que ayudan a resolver problemas estructurales convertidos en el pasado reciente en pesados lastres para varios departamentos. Uno de los principales es de la salud pública que ha venido sufriendo los efectos de graves desajustes financieros reflejados, entre otros indicadores, en deudas acumuladas del orden de los $10 billones.

Un consenso construido por el presidente Duque, los gobernadores y el Congreso hará posible que la Nación asuma la competencia de la verificación, control y pago de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud a la Nación (PBS). La fórmula permite contar con mejores recursos para hospitales públicos y para mejorar la calidad de la atención que necesita y merece la gente,

Se trata de un alivio real porque el gasto en servicios NO PBS ha bordeado en los departamentos $2 billones. Hubo un momento en que las EPS del régimen contributivo reportaron cuentas por cobrar por $4,98 billones. Las deudas de los territorios reportadas por las EPS sobrepasaron $920.000 millones y 66% de ella quedó concentrada en cuatro departamentos y tres distritos.

El Plan nos anuncia también un Plan de Alimentación Escolar mejor administrativo, gracias a la creación de una Unidad Administrativa Especial que dispondrá de los instrumentos para llevarles raciones de calidad, ajustadas a las minutas de calidad y servidas oportunamente a cinco millones de niños en edad escolar.

Cuando hablo de que el PND les reconoce entidad propia a las regiones, me refiero a que los gobiernos subnacionales, a través de la Federación Nacional de Departamentos, tendrán una representación efectiva en la Comisión que creará una propuesta de acto legislativo para la reforma del SGP para hacerlo más equilibrado y para eliminar asimetrías que lo aquejan.

No podemos pasar por alto que la Ley del Plan fortalece esquemas como las Regiones Administrativas y de Planificación, que ahora pueden presentar proyectos con vocación regional que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías, previa aprobación de gobernadores o alcaldes, según sea el caso. Ahora bien, debemos demostrar que somos capaces de ir más allá de fórmulas coyunturales o de soluciones paliativas y enfocarnos en un esfuerzo reglamentario para hacer valer otros logros sustanciales. Los departamentos, por ejemplo, estarán representados en la comisión de expertos que revisará el sistema tributario territorial, componente sustancial de autonomía y el fortalecimiento territorial.

A instancias del PND los departamentos conquistan un nuevo espacio que debe permitir un mejor equilibrio en la distribución de competencias y recursos en todos los niveles de gobierno. La Misión de Descentralización tendrá la tarea fundamental de superar las inequidades territoriales que se han apartado del espíritu de la Constitución y no han honrado la identidad de Colombia como un país de regiones.

Analizada con el rigor necesario, la Ley es un cuerpo normativo coherente, orientado a ofrecer verdadera estabilidad administrativa, fiscal y presupuestal a las entidades territoriales. Para disipar cualquier temor o preocupación al respecto, es preciso destacar que durante su trámite y aprobación quedó claro que no servirá de plataforma para crear ningún nuevo aparato burocrático.

Su sanción es un hecho histórico que demuestra que el gobierno está honrando su compromiso de gobernar desde las regiones y para las regiones.