Uno de los desaciertos más significativos del gobierno de Gustavo Petro en materia de política económica es el decreto que prohíbe las exportaciones de carbón (hullas y briquetas) a Israel, una medida que resulta altamente contradictoria. Los analistas económicos debatimos si la justificación del presidente, basada en priorizar la moral pública sobre la pobreza y la desigualdad en regiones como La Guajira y el Cesar, es realmente válida. Es difícil comprender cómo un gobierno que afirma necesitar recursos para impulsar la inversión en sectores clave de la economía puede, al mismo tiempo, vulnerar tratados de libre comercio (TLC) que en 2023 generaron ingresos aproximados de US$447 millones, beneficios que impactaban directamente a esas regiones.

La vulneración del TLC mediante el decreto 1100 de 2020 deshizo el arduo y costoso esfuerzo de más de siete años de negociación internacional con Israel. Los argumentos de la Presidencia, que justifican la ruptura de esta relación comercial desde una visión moralista, ignoran lo acordado en el TLC, demostrando que el Gobierno no considera las opiniones de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva. Esta conducta compromete la credibilidad internacional de Colombia, afecta futuros acuerdos comerciales y debilita la confianza de los inversionistas, impactando negativamente la economía y el desarrollo regional.

Al analizar los datos más recientes sobre exportaciones tradicionales y no tradicionales, publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se observa que, del total de exportaciones tradicionales en 2023, el petróleo y sus derivados representaron 55,7%, seguido por el carbón con 32,2% y el café con aproximadamente 10%. Estos datos resaltan la importancia del carbón no solo como un pilar de las exportaciones tradicionales, sino también como un motor fundamental de ingresos y desarrollo económico tanto a nivel nacional como internacional.

La decisión de prohibir las exportaciones de carbón a Israel fue equivocada, ya que subestima la relevancia de este recurso para la economía colombiana y la necesidad de mantener relaciones comerciales estables. Las razones expuestas por el Presidente, basadas en una perspectiva moralista, no tienen el peso suficiente para justificar la ruptura de acuerdos internacionales que generan ingresos vitales y fomentan el desarrollo de regiones vulnerables. Este decreto compromete la credibilidad de Colombia, afecta la confianza de los inversionistas y contradice la urgencia del país de fortalecer su economía mediante el impulso de sectores clave como el minero-energético.