Analistas 16/11/2026

El gasto que no pasa por el presupuesto

Carlos David Alape Gamez
Economista y candidato a Magíster en Economía Aplicada Universidad de los Andes
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Mientras el debate fiscal gira en torno a cuánto recortar y qué nuevo impuesto crear, hay una partida de más de $150 billones que casi nunca llega a la mesa. Es el gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por exenciones, exclusiones, deducciones, descuentos y tarifas reducidas. Según la Dian, en 2024 costó $153,2 billones en renta e IVA, equivalentes a 8,9% del PIB, 0,4 puntos más que en 2023. Ese mismo año, el déficit del Gobierno Nacional Central cerró en 6,7% del PIB.

Colombia es un caso atípico en la región. De acuerdo con la propia Dian, en 2022 el gasto tributario equivalió a 56% de los ingresos tributarios, frente a 34% en Ecuador, 29% en México, 24% en Brasil y menos de 15% en Chile, Perú y Argentina, según el último año disponible para cada país. Aunque los métodos de cálculo no son idénticos, la distancia es demasiado grande para atribuirla solo a diferencias técnicas.

Dos de cada tres pesos se concentran en el IVA, que en 2023 dejó de recaudar $88,5 billones. La mayor parte corresponde a bienes y servicios excluidos, con $68,2 billones. Allí están los productos agrícolas, con $12,5 billones, pero también el alojamiento y los servicios de comidas, con $10,1 billones, la construcción, con $5,1 billones, y los servicios inmobiliarios y financieros, con cerca de $9,3 billones entre ambos. Algunos de estos tratamientos protegen la canasta de los hogares más pobres. Otros favorecen consumos que pesan más en los presupuestos de mayores ingresos, como la medicina prepagada, que tributa a 5% con un costo de $0,6 billones.

En renta, en 2023, los beneficios de las personas naturales ya superaban a los de las empresas, con $25,6 billones frente a $21,4 billones. Solo dos de ellos, la renta exenta de 25% de los ingresos laborales y el tramo exento de las pensiones, suman $16 billones. Por diseño, ambos solo alivian a quienes tienen ingresos o pensiones lo bastante altos para pagar renta, una minoría en la parte alta de la distribución. En el lado empresarial, la deducción de impuestos pagados cuesta $8,5 billones y regímenes como las Zese y las zonas francas suman cerca de $1,7 billones solo por su tarifa reducida.

El problema no es que existan beneficios, sino que casi nadie sabe si funcionan. Un cuaderno de trabajo de la Dian publicado en 2025 reconoce que en muchos casos no es fácil identificar el objetivo ni la norma que les dio origen, y que su seguimiento es prácticamente inexistente. En el índice global de transparencia del gasto tributario, Colombia obtiene 52,3 puntos sobre 100, pero apenas 4,8 de 20 en la dimensión de evaluación. Con la información disponible, la entidad solo puede estimar en detalle cerca de la mitad de los beneficios de las empresas y una décima parte de los de las personas.

A diferencia del gasto público directo, que se discute y aprueba cada año en el presupuesto, un beneficio tributario se crea una vez y permanece indefinidamente sin competir con otras prioridades. La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2021 y la Ocde en 2022 hicieron recomendaciones detalladas para corregirlo, pero ninguna fue vinculante y, como reconoce la propia Dian, la evaluación sigue siendo la gran tarea pendiente.

La evidencia también cuestiona su eficacia como herramienta de equidad. Estudios que usan la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane encuentran que un IVA más uniforme, acompañado de transferencias focalizadas, tendría mejores efectos distributivos que el esquema actual. La razón es sencilla: una exclusión protege al hogar pobre, pero beneficia más en pesos al hogar rico, que consume más.

Nada de esto equivale a pedir su eliminación en bloque. No todo el costo es recuperable, porque parte de él se perdería por evasión o por cambios en el comportamiento de los contribuyentes, y algunos tratamientos, como los de medicamentos o alimentos básicos, tienen una justificación clara. La discusión debe hacerse beneficio por beneficio. Además, es abordable: según cálculos propios con el anexo de la Dian, 34 de los 208 beneficios cuantificados explican 80% del costo.

Hay referentes para hacerlo. Países Bajos evaluó 116 beneficios en 2023 y usa los resultados para eliminarlos o modificarlos, y Canadá publica un reporte anual desde hace más de cuatro décadas. Colombia podría empezar por un inventario con el objetivo, los beneficiarios y la norma de cada beneficio, fijar vigencias definidas con evaluación obligatoria para prorrogarlas, exigir una estimación de costo e impacto antes de crear uno nuevo y publicar quién se beneficia de cada uno.

Antes de aumentar la deuda, crear impuestos o recortar la inversión, el país debería saber qué obtiene a cambio de los más de $150 billones que deja de recaudar cada año. Un gasto que nunca se evalúa deja de ser una política pública y se convierte en una inercia costosa.

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