El anuncio del superintendente de Salud, Luis Leal, sobre la intervención forzosa de la EPS Sanitas, la Nueva EPS y la solicitud de Compensar EPS para ser retirada del Sistema de Seguridad Social de Salud, ha generado preocupación en diversos sectores políticos y económicos.

Voces como la del exministro de Salud, Augusto Galán, y el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, han expresado inquietudes sobre el impacto de estas medidas. Ambos señalan los efectos negativos que estas intervenciones podrían tener en el acceso y la calidad de los servicios de salud, atribuyendo la crisis a políticas gubernamentales que han asfixiado financieramente a las EPS, desestabilizando el sistema de salud en su conjunto.

La decisión de intervenir estas EPS se suma a las cuatro que ya fueron intervenidas en períodos anteriores, lo que implica que aproximadamente 24,4 millones de afiliados queden bajo el control administrativo del gobierno central.

Sin embargo, más allá de la magnitud de los afiliados afectados, es crucial considerar el argumento central del superintendente sobre el incumplimiento de los indicadores de habilitación financiera por parte de estas EPS.

Este aspecto ha sido subrayado repetidamente por Leal, quien afirma que estas entidades no cumplen con requisitos fundamentales como el Capital Mínimo, el Patrimonio Adecuado y la Inversión en Reserva Técnica.

Para comprender mejor este argumento, es esencial analizar el caso de la intervención de Emssanar, y en particular el de Famisanar EPS el año pasado. Desde la implementación del Decreto 780 de 2016, estos indicadores financieros se han convertido en requisitos fundamentales para las entidades prestadoras de servicios de salud.

La figura 1 muestra la tendencia financiera de Famisanar EPS entre 2022 y 2023, evidenciando un deterioro continuo que respaldó su intervención en septiembre de 2023. Sin embargo, lo preocupante es que, a pesar de la intervención, el gobierno no logró resolver los problemas financieros de la EPS, e incluso empeoró al menos dos de los tres indicadores requeridos.

En síntesis, este análisis subraya la gravedad de la crisis financiera en las EPS y el papel del gobierno como agente interventor. Las decisiones tomadas hasta ahora han generado más incertidumbre sobre el futuro de la prestación de servicios de salud en el país, planteando interrogantes sobre la efectividad de las intervenciones y la necesidad de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema de salud en el largo plazo para todas y todos los colombianos.