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El Dane reportó una inflación anual de 6,24% para agosto, la cifra más alta desde marzo, y la lectura fácil es culpar de nuevo a los alimentos. Pero las medidas de seguimiento del Banco de la República muestran algo distinto. La aceleración de los últimos ocho meses no vino del componente más volátil de la canasta, sino de los más persistentes. Ese matiz cambia la pregunta de fondo. No es cuándo cede el ruido, sino cuánto tiempo le tomará a la política monetaria desmontar una inflación que ya se instaló en las tarifas y los contratos.

Los datos con metodología 2020 y base 2018 son elocuentes. Entre enero y agosto, los alimentos subieron apenas 0,99 puntos, de 5,11% a 6,10% anual, y llevan un año prácticamente estancados alrededor de ese nivel. El salto grande estuvo en los regulados, que pasaron de 5,47% a 6,77%, empujados por unas tarifas de energía que ya acumulan alzas de más de 20% en algunas regiones del país, y en los servicios sin alimentos ni regulados, que subieron de 6,33% a 7,17% de la mano de la indexación de arriendos. Incluso los bienes importados, la categoría que debería beneficiarse de un peso más fuerte, aceleraron de 2,90% a 3,29%.

Cuando la presión migra de lo volátil a lo indexado, la inflación no baja más lento porque los choques sean más grandes, sino porque quedan atrapados en contratos y expectativas que no se ajustan mes a mes.

El riesgo de que ese cuadro empeore no es hipotético. Proyecciones de Anif basadas en episodios anteriores de El Niño calculan que un evento de intensidad fuerte podría restar cerca de 0,6 puntos al crecimiento agropecuario y hasta 0,5 puntos al energético, con una inflación de alimentos que en el escenario más adverso se acercaría a 16% y una inflación general que superaría 7%, frente a un caso base de 6,6%. El Banco de la República tendría entonces pocas herramientas efectivas, porque subir tasas no repone la oferta de alimentos ni abarata la energía importada. El verdadero peligro es que ese choque transitorio se filtre a las expectativas y a la negociación del salario mínimo de 2027, el mecanismo que convierte un shock de oferta en una inflación de servicios que ya no se revierte sola.

El escenario central del mercado, sin embargo, no anticipa una crisis abierta sino una convergencia que se sigue postergando. Las proyecciones macroeconómicas a 24 meses de Aval Casa de Bolsa ubican la inflación de septiembre en 6,38% anual y el cierre de 2026 en 6,94%, muy por encima del dato ya conocido, en la medida en que incorporan un impacto más fuerte de El Niño sobre alimentos y energía hacia fin de año. Para la tasa de intervención, el mismo ejercicio espera que la Junta Directiva la mantenga en 12% el resto del año, aunque advierte que ese escenario exige sostener una postura restrictiva por más tiempo del habitual, con un riesgo explícito de que suba hasta 13% entre septiembre y octubre si las presiones climáticas se anticipan. La tasa de cambio, por su parte, se proyecta cerca de $3.185, sostenida por el diferencial de tasas frente a Estados Unidos, aunque expuesta al riesgo fiscal si no se materializa el ajuste presupuestado para 2027.

Hay además un elemento de calendario que la Junta no puede ignorar en su reunión de finales de septiembre. La llegada de Miguel López como nuevo ministro de Hacienda cambia la composición de la mesa justo en el momento en que la inflación se aleja de la meta, mientras el terremoto reciente añade un choque de oferta adicional sobre algunos precios y golpea al mismo tiempo la actividad productiva. La combinación de una Junta parcialmente renovada, una inflación que ya no depende de un solo componente y un riesgo climático que todavía no se materializa deja al Banco de la República en la posición más incómoda posible, la de decidir sin la certeza de si el próximo dato la ayuda o la contradice.

Para el hogar y el empresario colombiano, la lectura práctica es simple. La inflación de alimentos, la que más rápido se siente en el mercado y en el bolsillo, ya no es la principal amenaza. Lo es la inflación que no se ve en el mercado de un día para otro, la que llega en la factura de energía y en el reajuste anual del arriendo, y esa es, precisamente, la que más tiempo tarda en ceder.