Una vez que se ha confirmado que la pobreza multidimensional a nivel nacional ha disminuido en 0,8 puntos porcentuales según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), resulta crucial analizar los desafíos que enfrentan los responsables de formular políticas en este ámbito. Tanto la pobreza como el conflicto armado han sido problemas sociales estructurales en Colombia, por lo que requieren de medidas concretas, planes y políticas sociales que no solo se alineen con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU), sino que también respondan a las necesidades de toda la sociedad colombiana.

Las cifras revelan una Colombia afectada por la pobreza, donde 12,1% de la población experimenta privaciones en las cinco dimensiones consideradas por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que van desde el acceso a la educación y la salud hasta el trabajo y las condiciones de la vivienda. En este sentido, la dimensión que más contribuyó fue la privación de educación con 35,7%, seguida por la dimensión del trabajo con 30%, niñez y juventud con 13,7%, condiciones de la vivienda con 12,7% y salud con 8%.

Sin embargo, al desglosar la serie del IPM por género y departamento, la situación se torna aún más desalentadora y preocupante. Los datos muestran que los hogares encabezados por mujeres experimentan una mayor pobreza multidimensional. Según la figura 1, los departamentos con mayor incidencia de este tipo de pobreza en hogares liderados por mujeres son La Guajira (3,3 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres), Arauca (4,3 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres) y Sucre (1,9 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres). Sin embargo, este problema no se limita a los departamentos apartados de las principales ciudades de Colombia; incluso en Atlántico (5,1 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres), Antioquia (3,3 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres) e incluso en Bogotá D.C. (0,8 p.p. por encima de los hogares liderados por hombres) se observa el mismo patrón, sin excepción.

En este sentido, a pesar de la creación de la Agenda 2030 en 2015, el Gobierno colombiano no ha logrado reducir la pobreza multidimensional. La persistencia de esta problemática no solo obstaculiza el crecimiento y desarrollo económico, sino que también fractura el tejido social y aumenta los conflictos sociales y políticos, exacerbando la desigualdad. Por estas razones, resulta cuestionable que durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno Nacional solo haya ejecutado 9,1% del presupuesto, especialmente en un momento en que la economía atraviesa un estancamiento y las tasas de pobreza multidimensional afectan con mayor persistencia a unos hogares más que a otros.

Es imperativo, entonces, que el Gobierno Nacional emprenda acciones concretas y establezca planes y políticas sociales que atiendan las necesidades de toda la sociedad colombiana. Es fundamental que el Gobierno acelere la ejecución presupuestaria, especialmente en lo que respecta a la inversión social, y active las transferencias monetarias directas a los hogares que se están viendo afectados. Esto no solo implicaría un estímulo adicional para la economía, sino que también brindaría una mayor protección a las familias colombianas frente a las adversidades.