Diversos analistas y centros de investigación económica se mantienen a la expectativa del desarrollo del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el cual se proyecta con un incremento de 3,9% respecto al presupuesto aprobado de 2024. Sin embargo, el principal motivo de debate -y en el que me centraré- es el potencial riesgo de financiamiento, originado por una reducción de 30% en el recaudo fiscal realizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) entre agosto de 2023 y agosto de 2024. A esto se suma el bajo desempeño económico y la lenta recuperación del Producto Interno Bruto (PIB), que pasó de un crecimiento de 0,8% en el primer trimestre a 2,1% en el segundo trimestre de 2024.

En primer lugar, el PGN propuesto por el gobierno para 2025 asciende a $523 billones. Es clave comprender cómo se desagrega este entre los sectores de gasto más representativos: El Sistema General de Participaciones, con $82 billones; las pensiones, con $66 billones; el aseguramiento en salud, con $42,4 billones; y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con $17,3 billones. La suma de estos sectores representa un poco más de la mitad (50,6%) del total de los gastos del PGN. Además, el pago de la deuda pública y el cumplimiento de la regla fiscal, que proyecta una reducción del déficit fiscal de 5,6% del PIB en 2024 a 4,7% del PIB en 2025, son factores clave, especialmente por el pago de los intereses de la deuda pública.

En segundo lugar, la oposición al gobierno ha señalado que el riesgo de financiamiento del presupuesto es insostenible y que debería reducirse en 7,17%, lo que lo situaría en $488 billones. Argumentan que, entre enero y agosto de este año, el recaudo de la Dian se ha contraído aproximadamente 10%. Las señales de esta tendencia negativa fueron advertidas por organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que en los meses de marzo y abril emitió una alerta sobre el bajo nivel de recaudo, ya que se estaba alejando de la meta fiscal, con un déficit de $6,6 billones. Esta situación, como se mencionó, se debe al menor ritmo de la actividad económica, ya que un crecimiento económico más débil genera menores utilidades, lo que se traduce en una caída en el recaudo tributario.

El riesgo de financiamiento del PGN para 2025 presenta una alta probabilidad de materializarse. La evaluación que realice el Congreso de la República debe basarse en criterios de prudencia, considerando que el PGN no debe convertirse en un obstáculo que continúe desincentivando la inversión ni afectando a los hogares y las empresas. De no tomarse medidas adecuadas, podría recurrirse, como último recurso, a un incremento de impuestos para cubrir el desbalance existente de $6,6 billones. Los responsables de la toma de decisiones deben garantizar tanto la reactivación económica como un PGN que sea fiscalmente responsable en términos de recaudo tributario.