Tras el anuncio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre la disminución de los fondos asignados del Presupuesto General de la Nación (PGN) para programas de vivienda, se prevé que los subsidios de iniciativas como “Mi Casa Ya” se reduzcan de 50.000 a 20.500 para el año 2025. Analistas económicos estimamos que el sector de la vivienda verá recortada su inversión pública en $1,64 billones en el próximo ejercicio fiscal. A esta contracción presupuestal se suman diversas disposiciones administrativas y fiscales que inciden fuertemente en los costos del sector de la construcción. Estos ajustes tendrán consecuencias adversas directas sobre la producción de viviendas de interés social y el empleo a nivel nacional.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), hasta agosto de 2024, el sector de la construcción ha sido el más afectado en términos de generación de empleo, con una reducción de 84.000 puestos de trabajo, de los cuales 79.000 pertenecen al subsector de vivienda de interés social. De estos, alrededor de 59% corresponden a trabajadores como oficiales, operarios y obreros, lo que refleja la gran demanda de mano de obra en este sector. Si a la pérdida de empleo se suma la disminución en las ventas, el número de nuevas construcciones podría caer por debajo de 55.000 viviendas de interés social en 2025. Esta situación afectará principalmente a las familias y trabajadores de menores ingresos.

Además, en el último año se han adoptado medidas arancelarias que han elevado los costos de los insumos de construcción. Entre estas medidas destacan el Decreto 2214 de 2023, los Decretos 1227 y 1294 de 2024, y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que establecen aranceles de hasta 30% para productos importados como hierro, acero y aluminio. Estas políticas impactan de forma negativa a 87,9% de las importaciones de aluminio, a 54,8% de las de alambrón y a 30,8% de las de barras, lo que agrava la desaceleración económica que comenzó en el primer trimestre de 2024.

La decisión de reducir los fondos del PGN para financiar programas de vivienda resulta contradictoria frente a la celebración por parte del Gobierno de la adopción de medidas arancelarias que continuarán afectando la creación de empleo en un sector donde 85% de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios. Sin un crecimiento sólido en el sector de la construcción, es imposible hablar de una verdadera política de reindustrialización. Desde julio de 2023, el Gobierno Nacional ha venido anunciando una política de recuperación económica para fomentar el crecimiento, destacando constantemente la necesidad de proteger el empleo y fortalecer sectores como la construcción, que generan un impacto inmediato. Sin embargo, más de un año después, dicho plan aún no ha sido implementado, y las políticas públicas recientes podrían frustrar los esfuerzos que el sector privado ha hecho para reactivar la vivienda.

Ante este panorama, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas que eviten una pérdida masiva de empleos y permitan reactivar el sector de la vivienda, clave para la economía del país. Es esencial reevaluar objetivamente las políticas adoptadas hasta ahora, encontrar mecanismos para garantizar los subsidios necesarios en 2025 y evitar distorsiones en los costos que profundicen la caída en la producción de vivienda de interés social. Se requieren decisiones técnicas y auténticamente enfocadas en la reactivación económica, para enfrentar los desafíos del próximo año y proteger a miles de trabajadores y familias