En las últimas semanas, el Gobierno Nacional ha destacado sus esfuerzos por reducir la pobreza y, especialmente, la desigualdad, señalando que estos avances se han concretado con la llegada del “gobierno del cambio.” Uno de los logros subrayados ha sido la disminución del coeficiente de Gini, índice que calcula la desigualdad de ingresos, el cual pasó de 0,56 en 2021 a 0,55 en 2023. Sin embargo, aunque esta medida continúa siendo utilizada por entidades como el Banco Mundial y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en Colombia, su utilidad ha sido cuestionada por algunos economistas, quienes consideran que resulta insuficiente para capturar plenamente la complejidad de la desigualdad económica actual.

Por esto, la escuela postkeynesiana argumenta que, para evaluar la desigualdad de manera más precisa, es preferible emplear la Distribución Funcional del Ingreso, DFI. Esta medida no solo permite observar la proporción de ingresos destinados al trabajo frente al capital, sino que también se basa en datos de los contribuyentes, lo cual brinda una perspectiva más exacta que las encuestas en las que se basa el coeficiente de Gini. La DFI, al reflejar cómo se distribuye la renta entre los factores productivos, ofrece una comprensión más completa de las dinámicas estructurales de la economía, sugiriendo que una mayor participación de los salarios en el ingreso total puede indicar un avance más significativo en la lucha contra la desigualdad.

En el caso de Colombia, según los datos PIB desde el enfoque de los ingresos publicados por el Dane, la DFI entre 2007 y 2023 muestra una evolución interesante, alineada con algunas de las interpretaciones de la teoría postkeynesiana. En 2007, la DFI se situaba en 0,36 y, durante los primeros años, se observó un descenso que alcanzó un mínimo de 0,35 en 2011. Esta tendencia podría asociarse con un periodo en que el capital tuvo una mayor concentración de los ingresos, probablemente debido al auge de sectores extractivos y de baja generación de empleo formal, como la minería. Desde 2013 en adelante, se evidencia una leve recuperación de la participación del trabajo, alcanzando 0,37 en 2015 y 0,38 en 2019, posiblemente debido a políticas de inclusión laboral y a un cambio en la dinámica sectorial que favoreció a industrias menos capital-intensivas.

El aumento significativo en 2020, cuando la DFI llegó a 0,41, coincide con la crisis de la covid-19, un contexto en el que, según la teoría postkeynesiana, los efectos redistributivos podrían ser explicados por políticas de emergencia que canalizaron mayores recursos hacia los salarios y el empleo informal. En los años posteriores, aunque la economía colombiana comenzó a estabilizarse, la DFI se mantuvo en valores relativamente altos (0,39 en 2022 y 0,39 en 2023), lo cual sugiere un posible cambio estructural que favorece una mayor participación del trabajo en el ingreso nacional. Esto podría reflejar una mayor efectividad de las políticas públicas hacia la redistribución y la sostenibilidad económica, en línea con el enfoque postkeynesiano, que enfatiza la importancia de una distribución del ingreso que fomente el consumo y la estabilidad económica a largo plazo.

Por ello, aunque el gobierno actual ha logrado una leve reducción en el coeficiente de Gini, este indicador por sí solo no proporciona una visión completa de la desigualdad estructural en Colombia. Si bien la actuación gubernamental ha sido positiva en términos de redistribución de ingresos hacia el trabajo, como sugiere el aumento de la DFI en los últimos años, es necesario implementar políticas más concretas que apunten a una transformación profunda de las dinámicas productivas. Un enfoque efectivo podría consistir en fortalecer el empleo formal en sectores de alta generación de valor agregado, promoviendo inversiones en industrias sostenibles y tecnológicas que no solo aumenten el empleo de calidad, sino también mejoren la participación del trabajo respecto al ingreso nacional. Además, la adopción de la DFI como un indicador complementario en la evaluación de políticas de desigualdad permitiría un monitoreo más preciso y estructural de los avances en justicia económica y social en el país.