El dilema del sector público frente al cambio tecnológico

Durante la Colombia Tech Week 2025 se abordó un tema relevante para el momento que vive el país: cómo el marco legal vigente se ha convertido en un obstáculo para la innovación tecnológica en el sector público. Fue una conversación necesaria y oportuna, en medio de un entorno donde las tecnologías avanzan a toda velocidad, impulsadas en gran parte por la inteligencia artificial, mientras el Estado sigue operando con reglas pensadas para otra época.

La innovación tecnológica, sobre todo en lo público, no es un proceso lineal ni garantizado. Requiere probar, fallar, ajustar y volver a intentar. Requiere entender qué soluciones adoptan los usuarios y cuáles no. Pero cuando cualquier desviación del resultado esperado puede convertirse en una presunta pérdida para el Estado, el incentivo natural es no hacer nada o seguir con lo mismo. Más vale mantener un sistema obsoleto, pero “seguro” jurídicamente, que arriesgarse a implementar algo nuevo y ser investigado años después por un posible detrimento patrimonial.

Y es que el ritmo del cambio tecnológico no espera. Hoy, casi todas las plataformas y soluciones digitales -desde los sistemas de atención al ciudadano hasta los motores de análisis de datos- se están rediseñando o potenciando con inteligencia artificial. Esto hace que el ciclo de vida de cualquier tecnología sea más corto y más incierto. Mientras tanto, los procesos estatales y las aprobaciones pueden tardar meses o incluso años. Para cuando un proyecto se adjudica, ejecuta e implementa, ya puede haber mejores herramientas en el mercado, adaptadas a nuevas funcionalidades o automatizaciones basadas en IA. Cambiar de solución o ajustar el camino podría verse como improvisación… y ahí empieza el temor general.

Ese fue uno de los puntos que más se discutió durante el evento: cómo una ley pensada para proteger los recursos públicos puede terminar desincentivando la modernización del Estado. El problema no es proteger el erario -eso es fundamental-, sino hacerlo sin bloquear la posibilidad de que lo público también innove, aprenda y se adapte frente a tecnologías que evolucionan constantemente.

Porque no se trata de gastar sin control, sino de permitir que haya margen para experimentar con criterio técnico y estratégico. De confiar en que un funcionario que toma decisiones informadas, con buenas prácticas y con foco en mejorar el servicio al ciudadano, no debería ser castigado por una tecnología que cambió o un resultado que no fue inmediato.

La propuesta del debate es clara: actualizar el marco legal y el proceso para la innovación tecnológica. Y también formar a los órganos de control para que evalúen proyectos tecnológicos con comprensión del entorno digital, sus riesgos y sus tiempos.

Innovar en el sector público no debería ser un acto valiente. Debería ser parte natural del funcionamiento de las entidades públicas en el siglo XXI. Porque si bien proteger los recursos es clave, quedarse quieto en un mundo que cambia tan rápido, también puede ser una forma de pérdida.