Históricamente, Colombia ha sido uno de los países de la región con mayor rezago de inversión en infraestructura, con niveles que se encuentran por debajo de 1% del PIB. Aunque en 2012 el presupuesto de inversión en infraestructura se duplicó frente a lo registrado en años anteriores, llegando a 1,7% del PIB, este porcentaje está muy por debajo de 3% anual que debe invertir un país en este renglón para no perder competitividad,  según cálculos del Banco Mundial. 

Consciente de esta necesidad, el Gobierno nacional ha proyectado un ambicioso plan en infraestructura, el cual contempla inversiones por alrededor de US$47 billones al 2020, lo que en promedio representaría tres veces la inversión realizada en este sector en los últimos años, y niveles de participación en el PIB de 3% durante los próximos años. El mayor porcentaje de esta inversión estará concentrada en la cuarta generación de concesiones (4G), que contempla un paquete de 40 proyectos, con una asignación de aproximadamente US$26 billones para ejecutar en cinco años.

El sector de infraestructura en el país pasa por un gran momento. Y es que el enorme potencial de crecimiento que se espera tenga lugar en el mediano y largo plazo ha despertado un gran interés entre todos los actores de este segmento productivo. En ese sentido, 2014 será un año de grandes movimientos en el sector, pues las primeras obras de 4G estarán en etapa de precalificación y al menos 38% del plan se pondrá en marcha. Una vez estos proyectos sean adjudicados, deberán pasar por una etapa de preconstrucción y diseño final, por lo que se estima que la fase de ejecución tendrá una dinámica plena hasta 2015.

El Gobierno esta redefiniendo el marco institucional que rige el desarrollo de la infraestructura en el país. La transformación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), la nueva Ley de Infraestructura y el replanteamiento de la Ley de Regalías, configuran un marco de acción que, se espera, haga más fácil y eficiente el desarrollo de proyectos, de tal manera que sus efectos positivos sobre la dinámica de la economía se vean reflejados lo más pronto posible.

Los proveedores tenemos una obligación fundamental para que la ejecución de los proyectos de las 4G logre la eficiencia y sostenibilidad que los proponentes necesitan para que en Colombia veamos rápidamente el impacto de la infraestructura en la competitividad del país. Ejecutar obras de semejante envergadura requerirá de una elevada colocación de materiales de construcción y allí las oportunidades para las compañías que producen esos insumos serán inmensas.

De lo anterior se desprende el deber de los proveedores de llegar con ofertas innovadoras que ayuden al proponente a enmarcarse en los proyectos como están planteados: sistemas de financiación no tradicionales, nuevas tecnologías y equipos ya probados en países de similares características, compartiendo labores de mantenimiento en el largo plazo de los proyectos y productos con valores agregados que aumenten la eficiencia en su ejecución.  

Es ahora que las alianzas entre los participantes de la cadena de la industria de la construcción no dan espera para brindar soluciones integrales y sólidas al país, cuándo el propósito superior de desarrollo redundará en beneficio para todos, y para el bienestar de la sociedad.  Si no hay infraestructura, el país se detiene. La competitividad determinará el éxito o el fracaso de los mercados y las empresas, y contar con un país interconectado es fundamental. Colombia le está apostando a ese pendiente y los resultados se verán muy pronto.