La implacable fuerza con la que el fenómeno de El Niño está impactando en gran parte del territorio nacional va a ser una prueba de fuego para un sector energético que ha estado inmerso en varias crisis, aún sin resolver. Toda una tormenta perfecta que podría poner al país en riesgo de un nuevo apagón, en caso de que no se tomen las decisiones y medidas pertinentes.

Desde la Contraloría General de la República (CGR) hace meses hemos venido advirtiendo, de manera respetuosa, que hay tres tipos de racionamiento que podrían estar gestándose: uno institucional, otro financiero y el de generación de energía eléctrica.

El primero está relacionado con el prolongado tiempo que se sigue tomando para designar a los nuevos miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y las dificultades que se presentan para consolidar un quórum cualificado y suficiente que tomara medidas para el control debido del mercado y sobre todo de las tarifas, que por cierto, han golpeado fuertemente las finanzas de millones de hogares.

Esto lleva al segundo riesgo de apagón: el financiero. Las comercializadoras de energía, por el mismo vacío que se ha generado desde la Creg y el Ministerio de Minas y Energía, están prácticamente regulando las tarifas, obviamente hacia arriba, para obtener más ingresos y para compensar, en cierta medida, los $6 billones que se les debe por la opción tarifaria que se implementó durante la pandemia del covid-19 para controlar precios y aliviar los pagos, al igual que los pendientes del denominado acuerdo de tarifas justas. Es urgente buscar salidas en esta materia, pues de no hacerlo, muchas de estas comercializadoras podrían entrar en crisis financiera y así no podrían entregar energía a los usuarios finales.

En caso de que El Niño se prolongue durante el primer trimestre de 2024 con una fuerte intensidad, es previsible que las lluvias se reduzcan, lo que afectará la disponibilidad de los embalses hídricos, que soportan la generación de 65% de la energía del país. Algunas proyecciones indican que las tarifas podrían aumentar entre 15% y 20% frente a la necesidad de encender las plantas térmicas.

El panorama sería menos estresante si se hubiera cumplido con los cronogramas de entrada al sistema de los proyectos de generación de energía eléctrica que, por el contrario, hoy son motivo de incertidumbre frente a la seguridad energética futura del país, incluso más allá de El Niño. Y hablo del tercer factor que podría terminar en un futuro apagón: la generación de energía.

Hay una clara preocupación por la baja efectividad que se ha dado para incorporar nueva oferta real al sistema. El primer gran escollo ocurrió con Hidroituango, que iba a generar 1.200 MW en 2018, y cuyos problemas y retrasos son de conocimiento nacional. En diciembre de 2022 apenas se pusieron en la red nacional 600 MW y en noviembre pasado, otros 600 MW, y no está clara la entrada de los otros 1.200 MW. Esta demora ha obligado al mercado a cubrir esta falta de oferta de energía con nuevos proyectos, en su mayoría no convencionales y con algunas plantas existentes aún con energía sin comprometer.

De los 19 proyectos que se adjudicaron en la tercera subasta de 2018, en su mayoría eólica y térmica, ninguno ha entrado en operación. Estos tenían que estar operando entre 2022 y 2023 y darle 2.860 MW de capacidad adicional al país. Lo preocupante es que, además de estar apagados, cinco -que iban a generar 665 MW-, perdieron la asignación.

Y, de la primera subasta de Cargo por Confiabilidad de 2019, ninguno de los proyectos ha entrado en operación y uno de 80 MW, a cargo de Celsia, perdió la asignación. La única causal de retraso identificada está en que las líneas de transmisión que los conectan al Sistema de Transmisión Nacional - STN-, no se han terminado y estarían listas en 2025.

Se advierte, que es recomendable que el Ministerio de Minas y Energía, la ANH y la Upme pongan en marcha, por un lado, un plan de choque para garantizar el suministro de energía durante los próximos meses, y por otro, que promuevan un marco regulatorio transitorio, excepcional, que les permita a los proyectos de generación que se encuentran listos, conectarse al sistema y que no han podido porque les falta un trámite, una licencia, un visto bueno. Esto podría sumar unos 3.000 MW a la oferta energética. También es urgente darle celeridad a los trámites de proyectos de líneas de transmisión, que es el principal cuello de botella para la expansión de la oferta de energía. Al igual, que definir la autonomía en la producción de gas natural absolutamente necesaria para la transición energética.

La demanda de energía en el país crece anualmente entre 5% y 7%, hecho que obliga a planificar con antelación los requerimientos futuros. Colombia necesita planificar megaproyectos de energía para los próximos 10 años, para evitar racionamientos o tener que importar energía. El país tiene la capacidad de ser autosuficiente energéticamente, incorporando incluso cada vez más energías limpias.