En Colombia desde hace años se viene hablando de reforma pensional, de la “bomba de tiempo” que significa mantener el sistema actual de pensiones y de cómo, cada vez, hay más personas en edad de pensionarse y menos cotizantes.

Todos quisiéramos que nuestros adultos mayores tuvieran garantizados los recursos mensuales para subsistir, que los “viejos y viejas” como los llaman tuvieran una posibilidad pensional fruto de un trabajo digno y decente y no solo un pequeño subsidio a la vejez.

Hace pocos días la Contraloría General de la República, dio a conocer un estudio intersectorial sobre la reforma pensional. Según los resultados, hay aspectos positivos y otros que preocupan.

Entre lo destacable se encuentra la concurrencia entre los dos regímenes, Rais y RPM (sistema vigente en Colombia) dentro de la apuesta por un sistema de pilares, con lo cual se acaba la competencia entre los denominados “regímenes paralelos”.
Así mismo se identifica una disminución de la carga al sistema judicial por concepto de trámites y demandas al sistema pensional (P.ej. traslados del Rais al RPM).

De los temas que preocupan, no hay un análisis detallado de la capacidad humana, tecnológica y comunicacional de Colpensiones. De aprobarse la reforma, pasaría a ser administradora obligada de las mesadas de quienes devengan entre 1 y 3 salarios mínimos.

Es decir, adicional a los 6,8 millones de afiliados que tiene, recibiría 18 millones de historias laborales más.

Actualmente, esta entidad tiene 769.000 reclamaciones de quienes pretenden que su jubilación sea reajustada, reliquidada o corregida. El 25% de estas peticiones está rezagada. De entrada, necesitaría aumentar en 30% la planta de personal, un gran esfuerzo en tecnología, recursos y adecuaciones. ¿Hay presupuesto para esto durante la transición?
El proyecto tampoco contiene una discriminación clara sobre el impacto que estos cambios tendrán en la Regla Fiscal. Incluye un análisis general, pero no desglosado de los nuevos cotizantes, ni de los aportes que tendría que hacer el país, tampoco sobre la sostenibilidad, ni del impacto de los traslados de fondos privados a Colpensiones.

El país ha venido desfinanciando los fondos públicos de pensiones. En 15 o 20 años el número de jubilados habrá aumentado y la población cotizante disminuido. El Gobierno que viene fondeándolos con recursos propios, tendrá que sacar cada vez más de sus arcas para mantenerlos.

La reforma incluye el concepto de protección a la vejez, reconocimiento a las dificultades económicas de miles de colombianos sin cobertura pensional, a la vez que incluye mejores incentivos a poblaciones con esfuerzos de ahorro desde sus limitados ingresos laborales.

La Contraloría llama a revisar la decisión del Gobierno frente al incremento de los subsidios, toda vez que otorgando beneficios sin fuente de ingresos, la regla fiscal de mediano y largo plazo se verá afectada.
Bienvenida una reforma estructural, financiable y sostenible, en la que el concepto de gastos, inversiones y entradas de recursos para costearla tenga equilibrio tanto de los aportantes/cotizantes, como del Estado.