Parece ser que en las campañas presidenciales hay una obsesión por los programas de gobiernos. Se les exige a los candidatos un listado de como solucionar todos los problemas del país en cuatro años. Así, debe haber un programa especial para la salud, otro para la educación, uno mas para las pensiones, soluciones mágicas para dar por terminados todos los conflictos, la solución al problema del narcotráfico, la revolución de la agricultura e igual en todos los temas de la vida nacional.

Esos voluminosos libros que tienen la solución para todos los males del país, hecho con sumo cuidado por el respectivo comité programático servirán, una vez se llegue a la presidencia (si se llega), de base para el Plan Nacional de Desarrollo que por ley tiene que presentar ante el congreso el gobierno entrante.

La realidad nos ha demostrado sin embargo dos hechos protuberantes. Primero que lo que se promete en campaña no se cumple, sino baste recordar las promesas “talladas en piedra” de no introducir nuevas reformas tributarias y no menos elocuentes aquellas de acabar con la pobreza y los cultivos de coca. Lo segundo, que los Planes de Desarrollo resultan en su mayoría en un saludo a la bandera, una recopilación de buenas intenciones traducidas a ley que no conducen a nada.

Mas allá del plan de desarrollo del presidente Santos, lo que quedó como ruta de gobierno fue lo que se aprobó en el Acuerdo de Paz, así que del Plan Todos por un Nuevo País construido sobre la trilogía de Paz, Equidad y Educación, poco se avanzó en equidad ni en educación. Otro tanto podemos decir del pomposo Plan de Desarrollo del actual gobierno, este con su propia formula de Legalidad, Emprendimiento y Equidad que a la postre no le ha representado al país mas legalidad, ni más emprendimiento ni más equidad.

La pregunta que cabe formularse es si los presidentes tienen la obligación de refundar el país cada cuatro años. La verdad es que ese deseo de “cambio” que se manifestó claramente en las pasadas elecciones fue más un rechazo a la forma como la clase dirigente ha administrado lo público y una cachetada a la clase política tradicional y a los partidos, y ese cambio no se logra con un nuevo instituto de los seguros sociales, o un renacer de Idema o cambiando la naturaleza del Banco de la República.

Ese cambio que espera la gran mayoría de colombianos es uno en que todo ese progreso que se anuncia cuando se publican las cifras del crecimiento del PIB les llegue para mejorar su calidad de vida. Los términos de equidad y justicia social han aparecido en todos los programas de todas las campañas de los último 50 años y están consagrados en todos los Planes de Desarrollo, y no se ha logrado y ello se debe a que por diversas razones la administración del estado en deficiente. Es deficiente por causa de la corrupción, es deficiente por causa del clientelismo, de la ineficiencia, del despilfarro y por la falta de “accountability”, lo que significa es nadie es responsable de la mala gestión.

Colombia tiene cobertura casi universal en materia de salud y educación, el problema es que los sistemas están mal administrados. Colombia tiene una alta tasa impositiva y una baja tributación como porcentaje del PIB por la elusión y la evasión. Y así se podría decir de muchos otros aspectos de estructura estatal, lo que indicaría que la mejor propuesta que se le puede hacer al país es administrar bien lo público con transparencia y eficiencia.