Son miles de delitos diarios que se reportan a través de la prensa, la televisión la radio y las redes sociales y habrá otros miles que no recogen los medios. Delitos contra las personas que van desde masacres, pasando por asesinatos perpetuados por sicarios o simplemente producto de una riña, por secuestro, por extorsión, por lesiones personales, hasta atracos hurtos y otros menores. Delitos contra el estado que encabezan la rebelión, el narcotráfico y la corrupción y por ahí otros tantos relacionados con contrabando, evasión de impuestos y lavado de dinero entre otros.

En el caso de los más graves (y todos son graves) la reacción es casi idéntica; Se ofrece una jugosa recompensa y se convoca a un Consejo de Seguridad, sin que la ciudadanía sepa nunca si los responsables son capturados o si se pago la manida recompensa. En los demás casos se anuncia siempre una “rigurosa investigación” de la cual nunca conocemos los resultados y rara vez se señalan responsables. Es conveniente aclarar que en ocasiones caen algunos peces chicos que aparecen reseñados frente a las cámaras con la debida aclaración del jefe de turno en el sentido que la investigación continua con el fin de dar con los responsables intelectuales del delito, cosa que nunca pasa.

Pero además de los funcionarios administrativos y de policía, están en esta vaca loca la Fiscalía y los jueces en todas sus instancias y aquí viene una inquietud que siempre me ha asaltado: ¿cuáles de este cúmulo de delitos priorizan la justicia y la Fiscalía?. Es evidente que la infraestructura existente no puede dar abasto con la exigencia que demandaría una justicia pronta y eficiente para estos miles de casos y por lo tanto tendría que escoger aquellos que merecen atención prioritaria. Se priorizan desde luego aquellos cuyos autores son capturados en flagrancia, pero ello no significa que los procesos avancen ya que con frecuencia todas esas capturas acaban en vencimiento de términos

Hasta aquí no se ha mencionado la injerencia política que se da en diferentes instancias con diferentes intensidades. Desde luego en algunos niveles de la fiscalía ya que el fiscal se elige de terna presentada por el presidente, método que necesariamente tiene su sesgo político, pero también en algunas instancias judiciales. Pero la injerencia política es más evidente en la caja de resonancia en que se convierten los medios, las redes sociales y los dirigentes políticos exigiendo justicia según sea la conveniencia política del grupo de sus simpatías. ¿Qué porqué el proceso contra Nicolás Petro avanza a grandes velocidades mientras que le Oscar Iván Zuluaga transita por el carril lento? Los delitos por corrupción sobre los que se pide mayor celeridad son aquellos que se sucedieron en el período del opositor político mientras que los de los propios se justifican. Estas presiones resultan en un sesgo a la hora de escoger el delito priorizado.

Finalmente, otra faceta de esta tragedia es que los procesos nunca mueren porque nunca se resuelven del todo. El ejemplo más patético es el de Odebrecht ya que mientras en todos países el asunto ya se dio por terminado aquí emerge cada tanto según los diferentes intereses.

Resolver este galimatías debería ser la prioridad de un Acuerdo Nacional porque como todos sabemos el resultado de lo que acontece es la altísima impunidad y el caos total donde imperan las mafias y el delito carcome las reservas morales de la nación.