Lo que subyace en el fondo del escrito de los exministros Jorge Humberto Botero y Juan Camilo Restrepo: “Oposición a la demanda contra el estatuto tributario”, que busca desvirtuar una demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario ante la Corte Constitucional que presentó Dejusticia, no es otra cosa que el debate sobre la desigualdad en Colombia.
Es bien sabido que Colombia tiene un grado de concentración alto tanto en la propiedad como en el ingreso y que más allá de los esfuerzos que se han hecho mediante el consecutivas reformas fiscales y debates sobre la composición del gasto público, no se ha logrado revertir esta realidad de manera sustancial.
Y no se ha logrado porque no se trata de un debate técnico, como a veces se pretende presentar, sino de un debate ideológico sobre el modelo económico y de sociedad que se quiere construir. Si bien no comparto algunas de las fórmulas propuestas por Piketty en su libro Capital e Ideología, sí creo que este trabajo, con un profundo contenido histórico, deja en claro la estrecha relación que la ideología tiene en este debate.
Dice Piketty: “las trayectorias históricas estudiadas en este libro muestran hasta que punto la estructura de las desigualdades está íntimamente ligada al tipo de régimen político en vigor” y continua refiriéndose a las sociedades occidentales con democracia electoral en las que su “más obvia limitación es su incapacidad actual para hacer frente a las crecientes desigualdades”. Más adelante definiendo la justicia como un parámetro de la igualdad, afirma que “todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.
Teniendo claro que en fondo el debate no es técnico, vale la pena recoger algunos aspectos del escrito de los exministros. Un punto central del debate es la progresividad de los impuestos como herramienta para revertir la desigualdad y si estos deben ser directos o indirectos (sobre el consumo) en el entendido que los primeros son más progresivos, mientras que los segundos son regresivos.
Es claro que es más fácil gravar el consumo y que los impuestos sobre rentas se esconden en la elusión, la evasión y la informalidad, pero ello no exime al estado de la obligación de gravar de manera progresiva a quienes se quedan con la mayor tajada del producido nacional para transitar el fácil camino de gravar el consumo.
En la argumentación de Botero y Restrepo está que la distribución de la riqueza no solo se combate vía impuestos, como argumenta Dejusticia, sino vía gasto público. Ese argumento tiene validez parcial y es claro que los programas asistenciales ayudan a amortiguar la tragedia de los más pobres, pero el Estado en su gasto debe garantizar una serie bienes públicos que favorecen por igual a ricos y pobres.
Es tan solo en la educación donde fuertes inversiones del Estado podrían neutralizar de manera significativa la desigualdad en una generación. Esto no se ha hecho en Colombia donde la educación pública es precaria en calidad, como queda patente en el libro de la joven Beatriz Ospina (Educar en el olvido), quien realizó un voluntariado de un año en una escuela pública de una barriada en Cartagena.
Hay que propender por tasas más progresivas y por un gasto público que cumpla de verdad una misión de equidad. Ello requiere un régimen que en su ideología entienda esta dimensión.