En los inicios de la república, Colombia se debatía entre el federalismo y el centralismo, de manera que el motivo principal de las guerras del siglo XIX se dio entre liberales federalistas y conservadores centralistas. En 1863 los liberales triunfaron en la guerra y enarbolaron la Constitución de Rionegro, que convertía el país en un Estado federal, con nueve estados independientes y un gobierno central muy limitado. 23 años después, como resultado de otra guerra civil, triunfaron los conservadores, que acabaron con el federalismo y promulgaron la Constitución de 1886, eminentemente centralista, y ese espíritu es el que ha regido en Colombia desde entonces.

Si bien la Constitución de 1991 habló de la autonomía de sus entidades territoriales, reitera que Colombia es una república unitaria. Se han hecho esfuerzos desde entonces por una descentralización con la elección popular de alcaldes y gobernadores en 1988 y 1991 respectivamente, y otras normas, de las cuales la más importante es tal vez la del Sistema General de Participaciones, que transfiere a los municipios y gobernaciones fondos para educación y agua potable, dejando poco margen para otros gastos, ya que estas transferencias están comprometidas hasta en un 95% en educación y salud, con el pago a maestros y el funcionamiento de los hospitales públicos. El Acto Legislativo 03 de 2024 obligará, una vez se reglamente mediante una ley esta reforma constitucional, a transferir hasta un 39% de los recursos de la nación a las entidades territoriales.

Es innegable que el país ha avanzado en una descentralización dotando a las entidades de mayor autonomía política y de recursos, pero lo cierto es que Colombia sigue siendo un país muy centralista y presidencialista en que el poder y gran parte de los recursos se arbitran en Bogotá. Por ello, en buena hora ha surgido la iniciativa del presidente De la Espriella de gobernar desde las regiones y fortalecerlas; pero este gesto, si bien en el corto plazo las empoderará, no trascenderá si no se lleva a una obligación legal que vaya más allá del mandato del nuevo presidente.

Es hora de que el país vaya pensando en una estructura federal en la cual cada región pueda definir su futuro sin la intervención centralista que resulta en una burocracia inútil, en una traba y en una presión política, para que los dirigentes regionales actúen de tal o cual manera.

La geografía nacional hizo que el país se desarrollara en regiones y culturas muy diferentes, haciendo que igualmente se diera un fenómeno de ciudades intermedias que tienen peso por sí mismas, pero dado que el poder económico se concentra en Bogotá, tienen un freno que impide que alcancen su máximo potencial. Bogotá, con 15% de la población del país, concentra 25% del Producto Interno, lo que hace que cada día más esa brecha entre Bogotá y las otras regiones se amplíe, pues la mayor riqueza que se concentra en la capital trae más riqueza a costa de menor ingreso para las regiones.

Una verdadera descentralización se dará cuando las regiones gocen de independencia fiscal y empoderamiento político, que hoy no tienen. Las ciudades viven a la espera de un Conpes para financiar sus grandes proyectos mientras las gobernaciones y los pequeños municipios no tienen recursos para temas básicos.

Ojalá el gobierno entrante reglamente el Acto Legislativo de 2024 para dotar de más recursos a las regiones y, además, dé un paso adicional en la autonomía regional, tal vez en una organización federal del Estado.