De cara a las elecciones ha venido surgiendo el debate sobre el modelo económico y se alerta que un triunfo de la izquierda puede cambiar el modelo vigente y llevar al país a la ruina.

La más clara tipificación de un modelo económico se hace en torno a lo que se conoce como el modelo neoliberal que es blanco de críticas de quienes proponen un cambio de modelo. Según este modelo el devenir económico debe estar guiado por las fuerzas del mercado y no mediante la intervención arbitraria del Estado, porque fundamentalmente el mercado es más eficiente en la asignación de recursos. Cuando le corresponde esta asignación al Estado hay distorsiones generadas por intereses políticos.

El argumento en teoría suena lógico y a la luz de los altos niveles de corrupción que se ven en el estado colombiano uno pensaría que en el viejo debate entre Estado y mercado debe prevalecer este último. El temor de la ciudadanía es que el estado corrupto acapare mayores cantidades de los excedentes económicos y esos fondos acaben en los bolsillos de funcionales venales y con el tiempo se vaya minando la dinámica empresarial privada como ha sucedido en Venezuela.

No obstante lo anterior, surgen dos grandes interrogantes que ponen en duda la eficiencia del modelo “neoliberal” vigente en Colombia que fue inaugurado por el presidente Gaviria con la apertura y las privatizaciones. La primera es desde luego la incapacidad del modelo de irrigar la riqueza a todos los sectores de la población y el segundo cuestionamiento si es de verdad el mercado el que determina la asignación de recursos o acaso son las fuerzan monopólicas enquistadas en la mayoría de los sectores de actividad económica. Sobra decir que estas dos circunstancias están íntimamente ligadas.

No se necesita ser revolucionario o radical para reconocer que el modelo económico imperante ha dejado a la mitad de población por fuera de los beneficios del crecimiento. Para empezar con el empleo no solo existen tasas muy altas de desempleo, sustancialmente mayores a las de los países vecinos, sino que la mitad de ese empleo se genera en el sector informal, o sea en el rebusque de los vendedores ambulantes y las pequeñas empresas de subsistencia. Tanto los desempleados como los informales carecen de la seguridad social que debe brindar el Estado y están a la merced de algunos programas estatales que brindan una cobertura limitada, tales como familias en acción o el Sisben para salud. El modelo vigente tiene a más de 40% de la población en la pobreza y esa cifra de por si debería ser suficiente para que el país, como un todo, repensara su modelo económico.

Y es que los monopolios no dejan funcionar al mercado de manera eficiente. En el sector financiero, en las cadenas de distribución, en la producción de cemento y de papel, para solo mencionar unos casos, los monopolios manejan el mercado y acaban apropiándose de excedentes que, con reglas de mercado claras, no les debería pertenecer.

Ahora bien, todo indicaría que se hace necesario el cambio de modelo, pero lo que no está claro es cuál debe ser el modelo sustituto y menos aun como operarlo. Es evidente que necesitamos un Estado más fuerte capaz de garantizar que la riqueza llegue todos los rincones del país y a toda la población, y que a la vez controle los monopolios, pero es necesario que ello se logre sin poner en jaque la iniciativa privada que genera una dinámica necesaria.