Una vieja discusión en la teoría económica se relaciona con las teorías del desarrollo. Se trata en el fondo de cuál es la más eficiente asignación de recursos que permita a las economías crecer y brindar a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Desde luego el punto a discutir parte de si una mejor asignación de recursos se logra mediante las fuerzas de mercado o si por el contrario es el Estado el mecanismo más eficiente desde el punto de vista del bienestar para asignar los recursos. A partir de Adam Smith nació la corriente de pensamiento que defiende al mercado como el mejor mecanismo de asignación de recursos, lo que se conoce como liberalismo económico y que los detractores llaman el capitalismo salvaje.
Esta escuela de pensamiento dominó el quehacer económico hasta la crisis del año 30 del siglo pasado, cuando Keynes planteó la necesidad de que el estado intervenga como un actor fundamental del crecimiento económico. A partir de allí, e influenciados igualmente por las economías centralmente panificadas desde el estado (los estados comunistas) surgió la teoría del desarrollo económico y con ello la necesidad del Estado de planear a mediano y largo plazo un camino que condujese al un estadio de desarrollo como aquel de los países más avanzados y de allí los términos de países subdesarrollados o aquel menos peyorativo de países en desarrollo.
Esa fórmula de planeación se ensayó ampliamente en América Latina y en varios países, entre ellos Colombia, se establecieron departamentos de planeación encargados de señalar ese rumbo al progreso. Es entendible que en estos ejercicios el Estado mediante políticas públicas decide cuál es la asignación de recursos que más conviene a la nación en el mediano plazo.
De este ejercicio han surgido dos grandes interrogantes. En primera instancia que las prioridades asignadas por el Estado en algún sentido son arbitrarias en tanto que son resultado de ejercicios académicos o políticos que no se necesariamente traen los mejores resultados. A modo de ejemplo, en el centro del plan del presente Gobierno está la “reindustralización” y para ello establece aranceles a ciertos productos importados, lo que si bien favorece a esas industrias, no necesariamente favorece la productividad ni a los consumidores. Un segundo elemento que ha hecho de estos ejercicios de planeación una herramienta poco útil es el plazo. Cada gobierno tiene por obligación hacer su plan que en estricto sentido tiene una vigencia de máximo tres años, lo que genera una tremenda incertidumbre.
Así, con la reforma tributaria y una concepción política y económica centrada en la equidad se han retirado incentivos a ciertos sectores para orientarlos los recursos resultantes a la prioridad establecida por el nuevo plan. No hay duda de que la intención es noble y loable, pero más allá de ello lo cierto es que cambiar de rumbo cada cuatro años genera incertidumbre económica y esta incertidumbre es el peor enemigo del desarrollo. La incertidumbre puede llegar a ser mayor cundo esa asignación resulta de foros abiertos con las comunidades que en el fondo tienen una visión sentida y justa pero excesivamente localizada.
La incertidumbre trae fuga de capitales, inflación y devaluación, y eso es lo que vemos en toda la región. Cambios drásticos, inestabilidad política y conflicto social generan incertidumbre y no ha permitido a la región salir de la trampa del atraso.