Hace algunos años Fabio Echeverri Correa, entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, puso el dedo en la llaga del momento cuando sentenció que “la economía iba bien, pero el país iba mal”.

Es que la idea de que la estabilidad política es un requisito indispensable para el buen desempeño económico se da por sentado. Hay la convicción que gobiernos ordenados, reglas claras y seguridad jurídica facilitan la inversión y fomentan el crecimiento lo cual no siempre es cierto. Países como Perú e Italia han demostrado que, en ciertos contextos, la economía puede seguir funcionando -y hasta crecer- en medio de prolongadas crisis políticas. Colombia, en cambio, bajo la administración de Gustavo Petro, plantea una dinámica distinta.

Perú ha sido durante años un ejemplo llamativo. Desde 2016 ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos o procesados y una gran inestabilidad política , sin embargo durante el mismo período creció a la par con la región y mantuvo una baja inflación. La explicación está en la fortaleza de sus instituciones económicas ya que el Banco Central se ha mantenido independiente y tanto el Ministerio de Economía como las políticas macroeconómicas han sido estables y han funcionado como una especie de “colchón” frente al caos político. En Perú se logró que las instituciones económicas mantuviesen cierta autonomía frente a la inestabilidad del poder ejecutivo.

Italia también ha sufrido históricamente de inestabilidad política con gobiernos de poca duración. y primeros ministros que cambian con facilidad. No obstante, la economía italiana ha sobrevivido gracias a un tejido empresarial resiliente, en especial en el norte industrializado; y porque su pertenencia a la Unión Europea impone reglas fiscales y monetarias que actúan como estabilizadores. El resultado: una economía que se ha mantenido funcional pese al constante ruido político.

En Colombia, por el contrario, parece haber más relación entre política y economía dado los cambios estructurales que ha introducido el gobierno en materia de pensiones y salud, además de su empeño en cambiar las condiciones de la regla fiscal y cuestionar la autonomía del Banco de la República. Aunque la economía avanzaba con una relativa estabilidad, los cambios estructurales mencionados, la falta de disciplina fiscal y el afán de una segunda reforma tributaria, han introducido un nuevo tipo de inestabilidad. No es la zozobra política lo que genera incertidumbre, sino las reformas estructurales promovidas desde el poder que debilita las instituciones económicas afectando la inversión que es motor del crecimiento.

La lección es clara: política y economía pueden funcionar separadamente durante un tiempo, pero su vínculo es inevitable. En contextos donde las instituciones económicas son fuertes e independientes, como en Perú, se puede “blindar” la economía frente a la política. Cuando existe una economía robusta con redes empresariales consolidadas, como en Italia, el sistema productivo puede resistir gobiernos inestables. Pero cuando desde el poder político se alteran las reglas de juego económico con fines ideológicos -como empieza a verse en Colombia-, los efectos se sienten con rapidez.

Hoy ya no podemos afirmar que la economía va bien, pero que el país va mal, desafortunadamente tanto el país como la económica van por mal camino y enderezar ese rumbo puede ser tarea de muchos años.