Es claro que la política de flexibilización del aislamiento obligatorio tiene por objeto amortiguar el impacto económico que la epidemia está causando. Es importante analizar el efecto que sobre la economía nacional y sobre el empleo tiene los sectores cuyo trabajo está permitido.

Analizando cifras del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra que los sectores a los que les esta permitido trabajar representaron en 2019, 60,8% del total nacional. Entraron a trabajar esta semana los sectores de Construcción, que tuvo un peso dentro del PIB (2019) de 7,79% y el sector de Industrias Manufactureras que este mismo año tuvo un peso de 12,53%. Estos dos sectores representan pues 20,32% de la producción nacional y su incorporación a la vida productiva nacional significa incrementar en una tercera parte la capacidad productiva que estaba permitida, consistente en los sectores agropecuarios (6,27%), mineros (5,15%), servicios públicos (3,15%), información y comunicación (3,01%), actividades financieras (4,76%) y la administración pública 18,17%.

Si bien es un refuerzo importante, queda por fuera del ciclo productivo todavía 40% de la actividad económica, y en este porcentaje están desde luego el comercio minorista, las actividades profesionales y científicas, la hotelería, turismo, bares y similares y las actividades artísticas. No queda claro porque unas actividades quedan incluidas y otras excluidas ya que no se conocen estudios sobre la transmisibilidad del virus según sector económico. No se si una pequeña miscelánea, o una oficina de abogados conduzca a una mayor transmisión del virus que una obra o una fábrica, pero el hecho es que esa fue la soberana decisión del gobierno.

Más preocupante que cuál sector se abre o cuál permanece cerrado es analizar cual es el impacto que esta medida tiene sobre el empleo y el bienestar de la gente. La Gran Encuesta Integrada de Hogares permite valorar el impacto que estas medidas tienen, no solo sobre el empleo, sino sobre la calidad del mismo. Según datos de la Encuesta en el país hay algo mas de 22 millones empleados de los cuales ocho millones son formales y 14 millones informales, que es el 63% de las personas que trabajan. Ahora bien si cruzamos la información de sectores operando y no operando con el grado de informalidad en cada uno de esos sectores vemos como las decisiones del gobierno son graves desde el punto de vista de la vulnerabilidad ciudadana y la distribución de la riqueza.

Los sectores que están activos generan 53% del empleo es decir que generan menos empleo que su peso en el PIB. Son sectores con mayor productividad. Lo grave de la cifras es que en los sectores excluidos el trabajo informal representa 68%, mientras que en los sectores incluidos representa tan solo 35%. En términos no técnicos significa que quienes no pueden trabajar son los que mas bajo nivel de protección social tienen y los sectores mas vulnerables de la población. A esto debe sumarse todos aquellos del sector de la construcción no formales que tiene restricción para trabajar. Esta decisiones tendrán un efecto nocivo sobre la distribución de ingreso que en Colombia ya es bastante crítico.

Si no queremos a que a los brotes de insatisfacción social se sumen nuevas condiciones objetivas se hace necesario valorar el impacto económico de las medidas sobre los más vulnerables.