Cambiar el Statu Quo en Colombia es una tarea titánica. Tramitar una reforma puede llevar al caos o la desesperanza porque grupos de interés que perciben beneficios del débil equilibrio existente no ahorran esfuerzo para que las cosas no cambien. Nos estamos convirtiendo en una nación envejecida prematuramente, en la cual, curiosamente, la mayoría de sus ciudadanos son jóvenes que no participan en esta feria de privilegios y no encuentran otra salida que la rebelión, la violencia o el suicidio.
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¿Qué reforma importante se ha surtido en Colombia en los últimos veinte años? Ninguna. El país es consciente que se hace necesaria una reforma política que modernice los partidos y que ponga coto al clientelismo y otras formas de corrupción, pero a pesar de múltiples ensayos eso no ha sido posible porque los encargados de la reforma no están dispuestos a sacrificar los privilegios de los cuales gozan. Tienen fuero especial ante la justicia, tienen sistema de pensiones privilegiado, pueden organizarse en empresas políticas familiares que hacen que esos privilegios sean heredados, no tienen compromisos frente a los electores, pueden navegar de un grupo político a otro y a ello se suma jugosos sueldos, primas, viáticos y carros blindados entre otros privilegios.

Otro tanto se puede decir de la justicia. Igualmente, el país sabe que el sistema de justicia que existe no funciona. La justicia no es oportuna ni justa como bien lo pueden atestiguar los múltiples procesos que se acumulan en los anaqueles de jueces y magistrados. Las cárceles están llenas de personas que aún no han sido condenadas mientras los delincuentes bien asesorados siempre podrán librarse por cuenta de los ya famosos vencimientos de términos.

Existe una creciente ola de corrupción al interior del sistema de justicia y con mayor frecuencia estamos viendo jueces y magistrados que venden fallos, testigos falsos a sueldo y leguleyadas que llevan a la impunidad. Se han intentado reformas a la justicia, pero tampoco han prosperado porque magistrados y jueces gozan de un sistema que les conviene. En su base el sistema esta sindicalizado y cualquier intento por hacer más eficiente el sistema choca con los paros judiciales que demoran en otros años los interminables tiempos de los procesos.

Se puede continuar con los maestros que llevan más de un año sin dar clases mientras en el mundo entero los niños asisten a las escuelas y colegios. Paro de maestros es ya un lugar común; Paro porque se exige calidad, porque se implora por mejores niveles educativos en un país que permanece en la cola del ranking mundial de educación. Tienen el poder de convocatoria para mantener lo suyo y exigir más frente a un estado débil. Los que acaban pagando los platos rotos son los niños y jóvenes del país.

La lista es interminable porque el país es un enredo de privilegios de grupos con el suficiente poder de mantenerlos y ensancharlos. Hay privilegios en la cúpula sindical mientras miles de trabajadores se debaten en la informalidad. Hay privilegios en el sector privado en que grandes empresas gozan de beneficios especiales que les garantizan utilidades extraordinarias aún en los peores momentos, pero mantiene sus privilegios garantizando el de otros a través de la financiación de campañas.

Colombia debe actuar pronto y desmontar el nefasto sistema de privilegios cruzados si no quiere caer en la anarquía que provocarán jóvenes excluidos del sistema.