Desafortunadamente no existen soluciones simples a problemas complejos. Es seductor pensar que un problema de gran complejidad puede abordarse de manera simple y pretender que con ello se supere el escollo. El primer paso en solucionar un problema es la identificación de este en todas sus dimensiones, la causas, las relaciones que tienen con otros fenómenos, ya que si nos equivocamos en la identificación del problema que queremos resolver muy probablemente nos equivocaremos en la solución con la cual pretendamos dar solución. En no pocas ocasiones se confunden las consecuencias con el problema, es decir que pensamos que atacando las manifestaciones del problema que nos aqueja resolvemos de tajo el impase. Este camino generalmente conduce a pensar que soluciones simples que apunten a atacar las manifestaciones del problema son la solución más efectiva.

Esta reflexión viene al caso frente a la realidad que se vive en el conflicto armado en nuestro país. Existen múltiples bandas criminales cuyo propósito es la apropiación de rentas de fuentes ilegales tales (narcotráfico, extorsión, minería ilegal etc.), y entre ellas unas reclaman para sí unos ideales políticos y otras que la sociedad identifica como delincuentes cuyo accionar no tiene motivación diferente a la búsqueda de la riqueza. En ese mundo la ley que impera es el fusil y el amedrantamiento que les permite controlar los territorios en los cuales desarrollan sus actividades delictivas. Territorios clave en los cuales se faciliten las rutas del narcotráfico, se encuentren fuentes para la minería ilegal y en los cuales la presencia del Estado sea marginal o inexistente.

Esta dinámica necesariamente conlleva asesinatos, desplazamiento de poblaciones y una violencia generalizada que irradia a todo el país una sensación de incertidumbre y malestar y que sin lugar dudas debe abordarse por parte de la sociedad y del estado. Tanto Estado como sociedad han hecho esfuerzos en el pasado cercano en este sentido como son los casos de los procesos de sometimiento de bandas paramilitares que tuvieron lugar en el gobierno Uribe y el proceso de paz con las Farc en el gobierno Santos, que si bien desescalaron la intensidad de la violencia durante un período de tiempo, no lograron su objetivo de traer paz al país. Hoy el gobierno Petro consciente de la importancia de abordar este grave y complejo problema que enfrenta la nación, ha lanzado su iniciativa de la paz total.

Como se ha hecho evidente en las pasadas semanas este proceso ha tenido inconvenientes de diferente índole tanto en el frente de negociación con el ELN, como en la acreditación de voceros de las bandas criminales y no debe sorprende que ello suceda dada la complejidad del tema. Si bien lo tropiezos son pan de cada día en estos procesos, creo que en este caso específico el gobierno ha querido mediante una manifestación del problema darle solución al mismo. Me refiero al cese al fuego bilateral con todos los actores armados que si fuese posible traería consigo menos muertes y menos violencia en el corto plazo pero que no sería sostenible ya que esa solución simple no resuelve el problema complejo que se relaciona con la captación de las rentas ilegales.

La impresión que como observador desprevenido puedo tener es que, por el afán del cambio, el gobierno quiere acelerar soluciones exprés en todos los frentes a problemas que requieren tiempo, discusión y consenso.