Hay un refrán popular que busca advertir el peligro del auto-olvido, es decir, de olvidarnos que aquello que damos por sentado, se puede perder; de ahí el dicho: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.” La verdad es que el ser humano es muy proclive a darle valor a las cosas, una vez ya no las tiene.

En estos años post-pandemia hemos sufrido pérdidas y el mundo no es el mismo que era en enero de 2020. Para citar algunos ejemplos, pensemos en las tasas de interés, la inflación, el orden mundial, los costos de los tiquetes, la sensación de bienestar, el status quo energético y la confianza en las instituciones.

Las pérdidas rompen el balance, y si bien no en todos los casos el resultado es necesariamente malo, en el contexto de la actual transición energética, la estabilidad política e instituciones fuertes son claves para avanzar en ella en la medida que permiten establecer e implementar una política energética estable que genere resultados e impactos positivos.

Para los distintos países, sus sistemas energéticos no están solo determinados por el tipo de matriz eléctrica o energética que tengan, sino también por las políticas e instituciones que desarrollen y cómo los gobiernos orquestan su funcionamiento de manera tal que cumplan con facilitar, entre otras, el acceso a la energía.

Porque en el sistema energético de un país su política pública y las instituciones que la implementan, son lo que determinan el óptimo funcionamiento de este y garantizan el acceso. Un mal diseño o una mala ejecución de la política energética podría incrementar, por ejemplo, la pobreza energética.

De esta última, tengamos en cuenta que dentro de algunos de sus impactos, están las afectaciones a la salud y a la equidad de género, el retraso en el desarrollo rural, y los daños al medio ambiente. Por lo tanto, la armonía del sistema energético es clave para evitar problemas de acceso y el aumento de los índices de pobreza energética.

En este sentido, la institucionalidad del sistema es fundamental. Explica Douglas North que las instituciones son las reglas del juego de la interacción humana, y las presenta como determinantes para el éxito o fracaso del crecimiento económico de los países y del desarrollo de las sociedades.

En el caso de Colombia, el país lleva más de tres décadas consolidando la institucionalidad de su sector energético, tanto en el sector de energía eléctrica como en el de hidrocarburos. Esta ha permitido el suministro confiable de electricidad y el abastecimiento de combustibles líquidos y de gas para el consumo interno de los colombianos.

Lejano nos resulta, por ejemplo, el famoso apagón de 1992 o ver en las noticias las interminables filas que deben hacer los ciudadanos de otros países con el fin de acceder a combustibles para sus vehículos, pues a nadie se le ocurre que perder el acceso a la energía pueda ser una posibilidad.

Pero un desbarajuste en la institucionalidad energética podría tener como consecuencia esas realidades que parecen ajenas. El llamado es a tomar conciencia y a darle valor a las instituciones, a la importancia de construir sobre lo que funciona, mientras se corrige lo que no. Y sobre todo, a valorar el trabajo que muchos funcionarios públicos han hecho por la institucionalidad del país y porque lo que tenemos, funcione.