Después de meses de espera, a finales de la semana pasada, el Gobierno por fin radicó la tan anunciada reforma tributaria. Si bien el proyecto formal es ambicioso y apunta a brindar un sistema de protección social a la población más vulnerable, lo cual es deseable, también trae modificaciones que afectan la institucionalidad y golpean fuertemente a la clase media. Es un desafío conseguir los recursos para programas sociales más robustos sin que se afecte el crecimiento empresarial y la clase media.

En primer lugar, la reforma trae un artículo que permite al Presidente de la República modificar o suprimir cualquier entidad del orden nacional. Esto prende las alarmas porque el Gobierno saliente va a definir la estructura del Estado que va a recibir el próximo Gobierno.

En segundo lugar, el Gobierno decidió gravar al 19% los servicios públicos de energía, acueducto, aseo público y gas domiciliario para los estratos 4, 5 y 6. El esquema actual de pago de servicios ya comprende un apoyo de los estratos altos a los más bajos, lo que implicaría que se está sumando el 19% de IVA con el subsidio existente. El IVA a los servicios del estrato 4 le pega duro a la clase media tan golpeada por la pandemia.

Hablando de servicios públicos, también encontramos que se le pone IVA al internet domiciliario del estrato 3 y se pasa de exento a excluido el servicio en estratos 1 y 2. Esto significa un aumento de precio a la red, preocupante especialmente en estos momentos de tan profunda brecha digital y cuando se necesita el internet para trabajar y estudiar entre otros.

Así mismo, pasaron a la categoría de excluidos los libros y revistas de carácter científico y cultural; bienes de la canasta familiar como carne, pollo, pescado, leche, huevos y arroz; y productos básicos de cuidado para las mujeres como las copas menstruales y los tampones. Estas medidas que, en apariencia, parecieran quitar el IVA de estos productos al estar excluidos, lo que generan es un aumento en la cadena de producción que se ve reflejado en un mayor precio final para el consumidor.

Otra alerta es que la reforma pretende ampliar la base del impuesto de renta para que las personas que tengan ingresos (base gravable) por más de 2,4 millones de pesos mensuales, tengan que pagarlo. Esta oportunidad de reforma debía aprovecharse para subir la tasa de tributación efectiva de los deciles altos, no de los bajos. Por eso, nosotros proponemos una declaración universal de ingreso, sin que esto implique pago, y retirar beneficios tributarios para los grandes ingresos.

Ahora, como no todo es blanco o negro, no podemos desconocer que es positivo que esta reforma contemple los tributos verdes, un paso en la dirección correcta para incentivar modelos de producción más limpios y amigables con el medio ambiente. El proyecto amplía las operaciones sujetas al impuesto nacional al carbono e introduce un nuevo impuesto sobre los plaguicidas no orgánicos y los plásticos de un solo uso.

Vamos a seguir revisando con detalle el proyecto, son 163 artículos y los vamos a analizar uno por uno. Hoy más que nunca Colombia necesita un estudio serio y objetivo de la reforma, esta debería ser la oportunidad para mejorar nuestro sistema tributario, avanzar en la reducción de las inequidades y facilitar la recuperación económica.