En Colombia ha hecho carrera el mito de que la corrupción le cuesta al país $50 billones al año. Más allá de ser una cifra escandalosa y difícil de comprobar, lo que realmente más nos impacta como sociedad son los costos ocultos de la corrupción. Es aterrador lo que terminamos pagando en niveles históricos de desconfianza, hastío con las instituciones, desinterés en la democracia. Son incalculables los costos directos e indirectos de la corrupción sobre la productividad nacional. Por todas partes se evidencia cómo nuestra vida como colombianos es afectada profundamente por la corrupción.
Una de las caras visibles del costo de la corrupción son los rezagos en el desarrollo de proyectos de infraestructura, así como falencias en la prestación de servicios de educación, salud y en general en la implementación de toda clase de programas sociales. Pero, su impacto es mucho más profundo. Seguramente, muchos recordarán que en el caso de Odebrecht, por el escándalo de corrupción, se interrumpieron las obras en la Ruta del Sol II -el principal corredor de carga de Colombia- por lo cual aún no se ha terminado la doble calzada que conecta el centro del país con la Región Caribe.
Difícil algo que indigne más que las reiteradas irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a lo largo y ancho del país. Los clanes y las mafias de la corrupción no tienen escarnio en meterse con la comida de las niñas y los niños más vulnerables del país. Tampoco, hay pudor en temas de salud con prácticas como la de la venta de medicamentos vencidos, formulación para pacientes inexistentes o prestaciócorrupcion de servicios no requeridos.
Pero, más allá de estos indudables costos de la corrupción, existen otras consecuencias más profundas que se relacionan directamente con la percepción que tienen los ciudadanos sobre la credibilidad institucional y la función pública. La corrupción ha afectado el interés de los colombianos en los temas públicos y la confianza en las instituciones, abriendo la puerta a caudillos populistas tanto en lo nacional como en lo local.
Recordemos que solo uno de dos colombianos que podía hacerlo votó para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2018 y si bien la abstención se redujo frente a años anteriores, sigue siendo preocupantemente alta. Sin mencionar la imagen desfavorable que en general tienen el Congreso, el Gobierno Nacional, las cortes y los partidos políticos por cuenta de la corrupción y que los aleja de los ciudadanos. Una sociedad que no vota y que no participa de la democracia es una sociedad que le entrega en bandeja plata el gobierno a las mafias politiqueras. El impacto de la corrupción en la productividad, también está oculto. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts señala que un incremento en los sobornos en países en desarrollo se traduce directamente en un impacto negativo sobre el crecimiento de las empresas. Sin contar con los requisitos que se deben implementar en el país para atajar la corrupción y que finalmente se convierten en el palo en la rueda para el crecimiento de empresas y negocios.
Sergio Fajardo dice que de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Yo estoy absolutamente convencida de ello. Por eso, todos los ciudadanos tenemos una cita el 13 de marzo con la democracia. Un voto consciente e informado es la mayor garantía que podemos tener para ponerle freno a la corrupción.